Holder apenas aporta luz al caso AP y cree IRS pudo violar derechos civiles

Raquel Godos

Washington, 15 may.- El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, apenas aportó hoy luz a las dudas de los congresistas sobre el espionaje realizado por su departamento a la agencia de noticias AP, a la vez que consideró que en el escándalo que planea sobre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede haber habido violaciones de los derechos civiles.

Holder, que testificó hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se escudó una y otra vez en su decisión de excluirse de la investigación en la que se vio envuelta Associated Press (AP), pero aseguró tener "fe" en la corrección de quienes dirigieron la operación desde su departamento.

Preguntado una y otra vez por los legisladores sobre las razones por las que el Departamento de Justicia decidió ejecutar un requerimiento secreto de información, el secretario insistió en que desconoce los detalles ya que al comienzo de las pesquisas se autoexcluyó de ella por ser "un testigo de facto".

"No fui la persona que tomó esa decisión", dijo Holder en respuesta a la pregunta realizada por el presidente del comité, el republicano Bob Goodlatte, quien presionó al secretario para saber por qué motivo se procedió a obtener el registro de las llamadas telefónicas de la agencia.

Tras la insistencia de Godlatte y otros representantes, Holder finalmente confirmó que fue el secretario adjunto de Justicia, James Cole, quien autorizó el requerimiento para obtener las grabaciones.

En un intento por aclarar los detalles de la salida de Holder del caso, los congresistas le preguntaron los motivos por los que fue entrevistado durante la investigación de la filtración que condujo al espionaje de la actividad de los periodistas de AP.

"Fui entrevistado como una de las personas que tuvo acceso a la información que era objeto de la investigación", explicó el secretario, quien insistió en que consideró "inapropiado" que un testigo dirigiese el caso.

AP denunció este lunes en una carta al Departamento de Justicia la "intrusión sin precedentes" de las autoridades federales por almacenar, sin que la agencia lo supiera, dos meses de registros telefónicos de sus periodistas y oficinas.

De acuerdo con la agencia, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

La noticia ha desatado la polémica entre profesionales del periodismo y legisladores al considerar que la Administración Obama puede haber atentado contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que defiende el derecho a la información y la libertad de expresión.

A raíz de lo ocurrido, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, anunció que Obama cree que este es "el momento adecuado" para revivir una ley propuesta en 2009 cuyo objeto era la protección de los periodistas.

La audiencia, cuyo fin era analizar las actividades del departamento que dirige Holder, pivotó sobre la polémica de los registros telefónicos secretos a la agencia de noticias y sobre el reciente descubrimiento de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) realizó un excesivo escrutinio a grupos de tendencia conservadora.

Holder planteó que las supuestas irregularidades del IRS pueden incluir violaciones a los derechos civiles y a la conocida como Ley Hatch, que prohíbe a los empleados federales participar en ciertas actividades vinculadas a partidos políticos.

El secretario de Justicia, que calificó lo ocurrido en el IRS como "indignante", aclaró que "va a tomar tiempo determinar si hubo o no delito penal" en el seno del Servicio de Impuestos.

En una comparecencia posterior ante los medios, el propio Obama anunció, como primera medida, la renuncia del comisionado interino del IRS, Steven Miller, por los "inexcusables" hechos.

"El secretario del Tesoro (Jacob) Lew ha dado un primer paso al solicitar y aceptar la renuncia del comisionado interino del IRS", dijo Obama en una declaración desde la Sala Este de la Casa Blanca.

Mientras estaba teniendo lugar la audiencia, Miller había anunciado que la agencia federal había identificado a dos empleados que estuvieron implicados en los hechos.

Según documentos de la propia agencia publicados este lunes por el diario The Washington Post, el servicio de Hacienda de EE.UU. impuso desde 2010 un escrutinio especialmente exigente a grupos que tenían las palabras "Tea Party" o "patriota" en su nombre, y también a otros que eran simplemente críticos con el Gobierno de Obama.