La Paz, 15 dic.- Varias leyes vigentes en Bolivia, entre ellas una que autoriza el trabajo infantil, "cercenan" los derechos humanos, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW), que pidió al presidente del país, Evo Morales, la reforma inmediata de esas normas.
Los derechos a la libertad de expresión y asociación, los de los niños, y las garantías al debido proceso se encuentran en riesgo debido a cuatro normas aprobadas por el Gobierno boliviano en los últimos cuatro años, según un informe remitido a Efe por esta organización de defensa de los derechos humanos.
"El presidente Morales y la mayoría legislativa de su partido han promulgado una serie de normas que constituyen un grave retroceso para las garantías de derechos humanos en Bolivia", consideró el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
En unas declaraciones a Efe, Vivanco sostuvo que la incorporación de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2015 conlleva para el país asumir sus obligaciones jurídicas internacionales en esa materia.
"Cuando Bolivia ingresó en el Consejo, Evo Morales (el presidente del país) dijo que pertenecer a ese organismo generaba mayores responsabilidades en derechos humanos. Si eso es así, la modificación de estas leyes es consecuente con asumir en la práctica esas mayores responsabilidades", resaltó Vivanco.
La organización envió este lunes una extensa carta al mandatario en la que le exhorta a reformar de inmediato las leyes que HRW considera que vulneran los derechos humanos "para asegurar que Bolivia cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales" en la materia.
Entre las leyes cuestionadas por HRW figura el "Código Niño, Niña y Adolescente", promulgado en julio pasado y que permite el trabajo por cuenta propia a partir de los diez años, siempre y cuando sea el propio niño quien lo solicita.
Esa norma "convirtió a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños", señala el informe.
En el país andino trabajan 850.000 menores, de los que el 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Mientras, un informe de Unicef señala que el 58 % de los niños trabajadores en Bolivia son menores de 14 años.
El presidente boliviano ha defendido públicamente el trabajo infantil, práctica que considera que no debería eliminarse porque crea "conciencia social", aunque ha pedido controlar que no haya explotación.
La Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas aprobada por Bolivia en marzo de 2013 es otra de las normas cuestionadas por HRW, que considera sus atribuciones "excesivamente amplias para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos".
El decreto presidencial que regula esa ley autoriza a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por causas "que podrían propiciar decisiones arbitrarias que respondan a motivos políticos", refiere el informe.
Entre los organismos regulados por esa ley están las organizaciones no gubernamentales, a las que Morales advirtió hace ahora un año de que las echaría de Bolivia si conspiraban contra su Gobierno.
Poco después de esa advertencia, Bolivia expulsó a la ONG danesa IBIS tras acusarla de tener actuaciones políticas "intolerables" en su contra y de financiar la división de organizaciones sociales indígenas.
HRW alerta asimismo sobre la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación que rige en Bolivia desde 2010, y que a juicio de la organización "pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión".
"Las nuevas medidas otorgan al Gobierno potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios de comunicación", denuncia el documento de HRW.
Esa ley también ha sido aplicada a particulares y generó polémica hace unas semanas cuando las autoridades anunciaron la apertura de un proceso a una diputada opositora que le negó el saludo a Evo Morales en un acto público.
El desplante fue considerado como una "conducta de discriminación" por el viceministro de Descolonización del Gobierno boliviano, Félix Cárdenas, también presidente del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo.
Además, en 2011 fue acusada de racismo bajo esta misma ley una periodista que afirmó que las calles de la ciudad de Oruro olían mal durante el multitudinario Carnaval debido a que no existe en las calles de esa localidad un buen sistema de drenaje y alcantarillado.
Otra de las leyes sobre las que alerta HRW se refiere a la que creó, en 2013, el Servicio para la Prevención de la Tortura, que "carece de la independencia exigida por el derecho internacional" debido a los criterios empleados para nombrar al director de ese órgano.
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