La imputación de Casals, la 'trama' de La Sexta y el último hurra del PP

Claudicaba el mes de agosto de 2012. El Partido Popular aún se manejaba con mayoría absoluta y, en plena crisis económica, la charca de la corrupción aún no se había convertido en la ciénaga que luego afloró. Lo que no quiere decir que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, desaparecida en combate en estos días de maleza, no afrontara decisiones de calado. En concreto, sobre su mesa en aquellos calurosos días de verano se revolvía la absorción por parte de Antena 3 de una cadena de televisión que amenazaba con quebrar.

La Sexta había nacido en los días felices de Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo como una apuesta alternativa y decididamente de izquierdas en lo ideológico. Muy fresca en los contenidos, también pronto se reveló como una fenomenal máquina de perder dinero, sobre todo de los mexicanos de Televisa, a la sazón sus principales accionistas. Todavía debe preguntarse Emilio Azcárraga Jean cómo se esfumaron los cientos de millones que su imperio audiovisual destinó a penetrar en el esquivo mercado español. Demasiado, hasta para el hijo de un tigre. Con José Miguel Contreras al frente y Antonio García-Ferreras en la dirección general, la cadena no podía vivir más al rojo vivo. Su única salida era Antena 3, hoy Atresmedia.

Claro que todo dependía del Gobierno y de Sáenz de Santamaría, responsable de la relación con unos medios de comunicación con quienes el presidente del Gobierno siempre había mantenido las distancias, por no decir que había despreciado con deportividad. Tras la integración de Telecinco y Cuatro -todo un cheque al portador para Prisa-, Antena 3 necesitaba desesperadamente sumar canales para responder ante la potencia de fuego de su enemigo íntimo italiano. Todo parecía hecho, cuando un obstáculo inesperado bloqueó el camino. La Comisión Nacional de Competencia (CNC), en sus estertores, se puso el traje de enfant terrible y planteó unas condiciones inasumibles para las huestes de Planeta.

Con todo en el alero, Sáenz de Santamaría se presentó al Consejo de Ministros el 24 de agosto con un anuncio. El Gobierno suavizaba las condiciones para la fusión con el fin de preservar "el interés general" y "el mantenimiento del pluralismo informativo".  Sotto voce, conspicuos dirigentes populares no tardaron en traducir la medida. Antena 3, un amigo de la casa, recibía un aldabonazo empresarial de primer nivel. Su dueño, José Manuel Lara, y su hombre de confianza en Madrid, Mauricio Casals, sabrían cómo suavizar el tono de la cadena, siempre un azote para el PP. Un razonamiento perfecto, con un único fallo. No conocían bien al empresario catalán.Juegos de manos

Lara, una personalidad larger than life, ya había demostrado con desahogo como podían gestionarse al mismo tiempo La Razón y el independentista Avui. Al fin y al cabo, business is business. Y entre 2012 y su temprano fallecimiento en enero de 2015 mostró a los suyos cómo podía recorrerse el mismo camino con Antena 3 y La Sexta. De hecho, con valentía y acierto, no modificó un ápice su línea editorial... Y se hizo de oro. Los números cantan. Solo en los tres últimos años, el grupo ha obtenido un beneficio neto superior  a los 270 millones, montante en el que también ha jugado, sin duda, una gestión más que brillante. Toda moneda, empero, tiene su revés.

Y es que no salió gratis esa creciente pecunia en términos de relaciones con el PP. Durante el pasado ejercicio electoral, en el que los ministros populares decidieron salir del plasma para recorrer las redacciones de los periódicos, hasta tres miembros del Consejo de Ministros reconocían abiertamente el daño que les había propiciado la cadena verde en términos electorales. Una ministra, en concreto, preguntada por cuál había sido el mayor error que había cometido el PP durante la legislatura, respondió, sin matiz alguno: "La Sexta". Y si se decía ante periodistas, no sería de extrañar que hubiera sido Casals quien, tras la muerte de Lara y por su mayor presencia en Madrid, hubiera sufrido con más crudeza esos reproches.

Un contexto que tampoco haría parecer raro que más de un dirigente popular hubiera descorchado una botella de Moët & Chandon al conocerse esta semana la imputación del presidente de La Razón por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dentro de la Operación Lezo. Más allá de que los tribunales diluciden las responsabilidades terrenales de cada cual y sea preceptivo responder por ellas, no faltará quien en el PP al menos atisbe un punto de justicia divina en los hechos acontecidos en esta semana. Visto lo visto y lo que tienen en casa, una suerte de último hurra.Y es que, en paralelo, el partido conservador tiene sus propias miserias. La entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no sólo alumbra un auténtico abismo de corrupción en el PP, sino que dinamita la legislatura más cómoda para el presidente Rajoy, aparentemente más confortable en el manejo de los tiempos y los interminables contactos con la oposición que en la más exigente -y vigilada- mayoría absoluta. Paradójicamente, el affaire González saltó un día después de que la Audiencia decidiera llamarle a declarar por la Gürtel. En la vida hasta el amor se encuentra por casualidad.