Uno de cada cuatro informes de la UCO y la UDEF no acaba al final en condena

La filtración del informe de la UCO en el que se solicitaba al juez Velasco que investigara a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho debido a la concesión de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, no ha hecho más que generar polémica.

"Las filtraciones de informes hacen daño a la propia UCO y, más grave, a la presunción de inocencia. La relevancia pública que adquieren estas filtraciones hace que la sociedad a veces se tome los informes como sentencias judiciales y no lo son. La Guardia Civil investiga de acuerdo a unos indicios, pero quien decide si se imputa y, posteriormente, condena a una determinada persona son los Tribunales", explican fuentes de la Guardia Civil.

De hecho, uno de cada cuatro informes de UCO y UDEF sobre corrupción no llega a convertirse en condena. Los datos del Consejo del Poder Judicial son claros: el 24 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron absolutorias, es decir, 25 no llegaron a nada mientras que 79 fueron condenatorias. Todas ellas basadas en informes policiales, bien de la UCO, bien de la UDEF.

Además, durante el año pasado adquirieron firmeza otras sentencias que supusieron la condena por este tipo de delitos de 266 personas y los jueces concluyeron 112 procedimientos por corrupción pública, en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en estos informes policiales y, en consecuencia, en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.En el punto de mira

En el caso de Cifuentes, los tiempos (los informes no son actuales y ya fueron rechazados) y las formas han provocado que la UCO también esté en el punto de mira. No son pocos los que ponen ahora en tela de juicio su imparcialidad y hablan de conspiración política.

No escapan a la tormenta la propia Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. El organismo dirigido por Moix rechazó pedir la imputación de la presidenta y ahora la UCO se ve cuestionada por quienes, dicen dentro del Instituto Armado, deberían trabajar en sintonía con ellos en lugar de ponerles la zancadilla y poner en duda su labor. En este sentido, la Asociación pro Guardia Civil (APROGC) ha asegurado que no va consentir "un ataque tan injusto como gratuito" a una unidad cuyo "su único sometimiento es al imperio de la ley, algo que tienen interiorizado".

Por otro lado, el revuelo político también ha sido considerable. Mientras Cifuentes ha calificado de ‘fuego amigo’ la difusión del informe, la oposición la ha emplazado a dar explicaciones el próximo dos de junio y fuentes dentro de su propio partido han descartado que se tratara de un ataque contra la presidenta y han criticado su "victimismo". 

Desde la propia Guardia Civil han mostrado su sorpresa después ver "cómo la misma unidad y los mismos agentes a quienes se les felicitaba hace días por su admirable trabajo, hoy reciben un trato indebido e inmerecido", han criticado la "doble vara de medir" que algunos utilizan dependiendo de si los informes de las investigaciones "les convienen o no" y han defendido que si la UCO investiga es porque "hay indicios".Figar se sube al carro del 'efecto Cifuentes'

En medio del revuelo hay quien ha intentado, incluso, promover su desimputación escudándose en la situación que ha vivido la última semana Cifuentes. Así, la exconsejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el sobreseimiento y archivo de su imputación en la trama Púnica porque está basada en "meras hipótesis y conjeturas" de los responsables de los informes policiales elaborados por la UCO.

La defensa de Figar ha presentado un escrito acompañado de una prueba pericial, donde se expone que no hay motivos para mantener su imputación porque "firmemente" creen "desvanecida toda sospecha que suponga un juicio, aún provisional, de reproche penal". Y añade que la única base que justifica el "enorme sacrificio que está sufriendo" el derecho de Figar son las "meras hipótesis, las conjeturas y la subjetividad con la que están confeccionados los informes policiales obrantes en la pieza".Uno de los apartados de las alegaciones corresponde a la expresa impugnación de los informes de la UCO, especialmente el del 9 de septiembre de 2016, relativo a los servicios que habría concertado Figar a De Pedro para mejorar su imagen personal porque no sólo incurre en "errores materiales significativos" sino que, además, resulta, en su opinión, "parcial y sesgado". Lo dicho, la resaca de los informes sobre Cifuentes va para largo.