La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de cárcel al ex presidente andaluz José Antonio Griñán, avalando así su ingreso en prisión por el 'caso ERE'. Así, ha pedido que ejecute la condena a seis años de cárcel por malversación y prevaricación que le fue impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, lo que implicaría su ingreso en prisión. Además de la de Griñán, la Fiscalía también ha pedido ejecutar la condena de varios exconsejeros de los gobiernos socialistas de la Junta, como Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández.
Fuentes fiscales han informado a Efe de que el ministerio público se ha manifestado en contra de la solicitud de suspensión de las condenas formulada por nueve ex altos cargos de la Junta sentenciados, entre ellos el histórico exdirigente socialista, de manera que apoya su ingreso en prisión antes de que el Gobierno resuelva sobre sus peticiones de indulto.
El ministerio público responde así a la petición de la Audiencia de Sevilla, tribunal que juzgó el despliegue de un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011 y que solicitó a Anticorrupción y a las acusaciones que se pronunciasen sobre si debía suspender la ejecución de las penas u ordenar el ingreso en prisión de los nueve ex altos cargos. Tras analizar toda la jurisprudencia al respecto, Anticorrupción ha concluido en su informe que no concurren las causas para suspender el ingreso en prisión de Griñán y el resto de condenados, explican las fuentes.
El PP, que ejerce la acusación particular en este caso, tiene previsto presentar la próxima semana en la Audiencia de Sevilla su escrito sobre si se debe paralizar o no el ingreso de Griñán en prisión. Fuentes de la Audiencia de Sevilla han explicado a EFE que lo lógico sería que el tribunal que debe ejecutar la sentencia condenatoria respecto a Griñán y los otros ex altos cargos de la Junta espere al menos a que el Supremo resuelva el incidente de nulidad presentado por su abogado.
Ese incidente de nulidad, la petición de amparo al Constitucional y la solicitud de indulto parcial presentada ante el Gobierno por su mujer y sus hijos son las bazas de Griñán para esquivar la cárcel. Porque, con un tribunal dividido (tres votos a favor y dos en contra), el Supremo ratificó en líneas generales la tesis de la Audiencia de Sevilla y condenó a prisión a nueve ex altos cargos del Gobierno andaluz por aplicar entre 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo.
Fue precisamente la condena a Griñán por malversación (delito que implica pena de prisión) la que generó discrepancias entre los magistrados: dos de los cinco afirmaron que este castigo se basó en "una mera especulación" sin "prueba seria y sólida" y que suponía un "sorprendente y significativo salto al vacío". El Supremo también ratificó las condenas a inhabilitación por un delito de prevaricación de otros ex altos cargos como el también expresidente andaluz Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
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