Los disturbios de Lavapiés de la pasada semana, en los que ha habido más de una veintena de heridos y han provocado daños por valor de miles de euros, han vuelto a poner en el foco en la problemática de la inmigración ilegal y, en consecuencia, en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), con la petición de su cierre por parte de diversas asociaciones y grupos políticos como Unidos Podemos o Compromís. Sin embargo, el Gobierno ya anunció que hasta 2020 se abrirían tres centros: uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. Fuentes de Interior matizan que estos nuevos centros "revolucionarán" el concepto que se tenía hasta ahora de este tipo de inmuebles, ya que por su diseño "evitarán motines y a la vez que los internos podrán vivir con todas las garantías".
Así, según comentan estas mismas fuentes, pese a que todavía se trabaja en pulir el diseño de estos centros y en buscar en consenso entre todos los agentes políticos, lo cierto es que sí se tiene claro, en líneas generales, cómo estarán distribuidos. "Se trata de evitar el modelo carcelario que todavía imperaba en muchos de ellos, básicamente porque eran edificios reconvertidos. Ahora se optará por un diseño más funcional, abierto e inclusivo, copiado, por decirlo de alguna manera, de muchos complejos residenciales: es decir, con zonas comunes rodeadas por las habitaciones de los internos, que faciliten la convivencia durante este periodo, a la vez que se pueda controlar fácilmente cualquier disturbio", continúan.
De esta forma, las habitaciones serán individuales en la medida de lo posible o de dos ocupantes como mucho, y contarán con ducha y aseo privados. Por su parte, las zonas comunes estarán dotadas con una zona para servicios sociales, gimnasio, sala de juegos, biblioteca, varios locutorios, lavandería, cocinas, salas de reuniones y esparcimiento, así como lugares de culto para las distintas religiones. Además, se segregará a los inmigrantes por sexo, procedencia, nacionalidad y religión. Este es, precisamente, el modelo que se está siguiendo en el nuevo CIE de Algeciras, que se construirá en una parcela de 20.000 metros cuadrados y cuyas obras comenzarán a lo largo de 2018. El centro contará con nueve edificios residenciales con capacidad para 705 personas.
Otro de los puntos que deberá decidirse es quién custodiará a los internos. En este sentido, desde Interior apuntan a que ahora se debe definir, por ejemplo, tanto el papel que deben desempeñar las ONG como el personal que debe encargarse de la custodia de los inmigrantes que entran de forma ilegal a nuestro país, "si debe seguir siendo la Policía como hasta ahora o si es preferible que lo haga un cuerpo civil de funcionarios", opción esta última que ha ganado fuerza, pese a los numerosos conflictos que se han vivido en estos lugares durante el último año.
Entre otros casos, en agosto hubo una protesta en el tejado del CIE de Aluche de un grupo de 86 personas después de que SOS Racismo denunciara una agresión policial a un joven argelino; en septiembre, 47 internos del mismo centro escaparon a las nueve de la noche tras las tensiones acumuladas desde las protestas de agosto en denuncia de los abusos de los funcionarios del centro; en noviembre 519 personas fueron internadas en la cárcel no operativa de Archidona (Málaga) después de que siete jueces de instrucción Murcia dieran luz verde a esta decisión, lo que provocó una oleada de protestas tanto dentro como fuera del penal; y, ese mismo mes, más de 60 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde (Murcia) se fugaron del centro tras amotinarse a la hora de la cena.
17 euros al día
Tampoco queda exento de polémica el alto coste que tienen para el Estado. De esta forma, presupuesto anual para los Centros de Internamiento de Extranjeros es de 8.300.000€. Cada día en uno de estos inmuebles supone un gasto mínimo de 17 euros, sin tener en cuenta los sueldos de funcionarios y políticas que trabajan en ellos. Esto es, cada inmigrante supone, a la baja, 527 euros de dinero público. Sin embargo, según explica la Fundación PorCausa, gran parte de este montante proviene de fondos europeos, concretamente, del Fondo para Asilo Migración e Integración (FAMI) para los años 2014 - 2020, del que España recibió 103 millones de euros, tanto como para mantenimiento y construcción de los CIE, como para proceder a la expulsión de los extranjeros irregulares, procedimiento, este último, que tiene un coste aproximado de 4.000 euros por persona, según datos oficiales.
No obstante, la oposición ha cuestionado este modelo y desde Unidos Podemos se ha preguntado el motivo por el que se construyen nuevos centros cuando en los actuales la ocupación media no llega al 36 %, y además los decretos de internamiento de los jueces se han reducido drásticamente. En este sentido, tanto el ayuntamiento de Málaga como en el de Madrid se han mostrado reacios a acoger este tipo de centros. De esta forma, el Consistorio de Málaga rechazó a través de un comunicado la construcción del centro, mientras que en Madrid han preferido guardar silencio hasta recibir la confirmación oficial, pese a que siempre se han posicionado a favor del cierre de estos centros.
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