El Ministerio del Interior ha insistido ante la Audiencia Nacional en que el correo enviado el pasado 10 de agosto por la Secretaría de Estado de Seguridad a la Delegación del Gobierno de Ceuta instando a la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que entraron en España en mayo durante la crisis migratoria "no es una instrucción". Así lo señala en un informe presentado este viernes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que reclamó "con carácter urgente" que aportara el expediente administrativo relativo a la repatriación de menores.
En el escrito firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad, al que ha tenido acceso La Información, reitera que la comunicación cuestionada es "independiente de las actuaciones administrativas" que pudieron llevar a cabo la Delegación del Gobierno en Ceuta o el Gobierno de la ciudad autónoma "al amparo del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007 y publicado en el BOE del 22 de marzo de 2013. Un acuerdo que, según la juez de lo contencioso-administrativo de Ceuta que mantiene paralizada la repatriación de un grupo de nueve menores, "tan solo contiene una declaración de intenciones", algo que el Ministerio del Interior rechaza en este escrito, pues defiende que "corresponde a un verdadero Tratado Internacional".
En este sentido, el escrito presentado ante la Audiencia Nacional hace especial hincapié en que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska no tiene ninguna competencia sobre la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno concertado y reagrupación familiar de los menores en su país de origen. Por ello, subraya que las impugnaciones a cualquier medida adoptada por las mencionadas administraciones y recursos ante posibles "infracciones del ordenamiento jurídico" y vulneraciones de derechos fundamentales se deben plantear ante el órgano jurisdiccional que estudia esa cuestión particular.
Con ello, el Ministerio del Interior vuelve a pedir a la Audiencia Nacional que inadmita el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la expulsión de menores desde Ceuta. En un documento de siete folios, el secretario de Estado, Rafael Pérez Ruiz, relata cómo se efectuaron las distintas comunicaciones entre Ceuta y el Gobierno. Así, detalla que como consecuencia de la entrada masiva de migrantes en mayo, el Gobierno de Ceuta venía reclamando la aplicación del mencionado acuerdo suscrito por España y Marruecos "a fin de garantizar la efectiva protección y tutela de sus derechos e intereses", así como el retorno de dichos menores siempre que ello fuera aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales.
Los escritos del 10 de agosto
En estos términos, según el Ministerio del Interior, la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de Ceuta, María Isabel Deu, dirigió un escrito el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma rogando la realización con la máxima celeridad de las pruebas de determinación de edad que exige la legislación vigente, competencia en la que colaboraron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cabe recordar que la Audiencia Nacional se declaró competente para analizar esta supuesta orden de repatriación, ya que el objeto del recurso presentado es un escrito de dicha fecha "con el membrete de la Secretaría de Estado de Seguridad".
Interior precisa que "en aras de la colaboración interadministrativa", la Secretaría de Estado emitió un escrito ese mismo día en el que rogaba que se procediera a efectuar la repatriación de los menores a Marruecos, "respetando en todo momento sus intereses y derechos". "Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", subraya el escrito. Asimismo, añade que dicha comunicación también fue enviada a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, una vez se tuvo conocimiento de la reunión mantenida entre el Gobierno de Ceuta y la Delegación del Gobierno con las autoridades del país vecino que iban a colaborar en el procedimiento de retorno, en aplicación del acuerdo firmado en 2007.
Tras exponer todas estas alegaciones, Pérez Ruiz detalla en su escrito que, acompañando el expediente reclamado, se aporta las distintas comunicaciones remitidas desde las administraciones territoriales, como los acuerdos adoptados por María Isabel Deu o la identificación de los menores afectados por el retorno concertado. Asimismo, hace especial hincapié en que el Ministerio Fiscal fue informado en todo momento del inicio del procedimiento de devolución de menores no acompañados no vulnerables, por lo que adjunta dos comunicaciones que se hicieron llegar a la Fiscalía General del Estado, entre los que se incluyeron los nombres de los menores -listado que el Gobierno de Juan Jesús Vivas envió a la Delegación del Gobierno, así como un acuse de recibo por parte del Ministerio Público, en el que comunicaba que dicha información sería trasladada a la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma.
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