La polémica vuelve a envolver el 8M en Madrid. Nada más conocerse que Delegación de Gobierno prohibía todas las manifestaciones previstas para ese día, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha matizado que como miembro del Gobierno está obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias, pero ha denunciado un "señalamiento" y "criminalización" del movimiento feminista. En la misma línea desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas han considerado una "mordaza al movimiento feminista" la prohibición de las manifestaciones de los próximos 7 y 8 de marzo y han adelantado que acudirán a estas protestas.
La ministra de Igualdad ha participado este jueves en un acto organizado por el sindicato CCOO con motivo del próximo Día de la Mujer y ha lamentado que hay quienes quieren "negar" la calle a las mujeres, "el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos".
La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado hoy la prohibición "por motivos de salud pública" de todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad. "Como miembro del Gobierno lógicamente estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias y así lo hemos dicho estos días insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias", ha subrayado la titular de Igualdad.
Sin embargo, ha advertido que ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el "señalamiento" a la lucha feminista "por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada". "A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista", ha asegurado la ministra, según informa EFE.
En el Ministerio de Igualdad -ha dicho- "van a encontrar una oposición firme a esa España gris, machista, que nos quiere de vuelta a nuestras casa por parte de la extrema derecha". La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, recordó este martes, como ya avanzara el Ministerio de Igualdad la pasada semana, que el feminismo institucional "por su puesto" va a cumplir normas sanitarias, que desaconsejan manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.
También han criticado la medida de Franco desde el Sindicato de Estudiantes. Mantiene, por tanto, una concentración el próximo 8 de marzo a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, en la que pedirán la dimisión del delegado José Manuel Franco, pero respetando todas las medidas de seguridad. No son los únicos que mantienen la convocatoria. La agrupación de mujeres Pan y Rosas ha hecho también un llamamiento para salir a la calle el 8M y ha denunciado la decisión de la Delegación.
"Es un escándalo que nos prohíban manifestarnos, cuando las mujeres nos arriesgamos todos los días a contagiarnos en los trabajos precarios y en los metros abarrotados”, señala en un comunicado. Reprocha al Gobierno, "que se decía el más feminista de la historia", prohíba las manifestaciones mientras permite que "la derecha y la extrema derecha siga ocupando las calles".
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