Izquierda plural pide la retirada del proyecto de ley de costas ante el posible conflicto de intereses con el pp

El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar la retirada del Proyecto de Ley de Costas ante elposible conflcito de intereses con el PP.
Según informó ICV, la iniciativa está fimada por los diputados Laia Ortiz (ICV), portavoz del grupo en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y José Luis Centella, portavoz parlamentario de la coalición.
La iniciativa insta insta a la retirada del proyecto de ley de Costas hasta que se “aclare si hay conflicto de intereses con el Partido Popular”. Para Laia Ortiz, “con este proyecto de ley, se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas”.
La diputada ecosocialista recuerda que según el informe “Amnistía a la Destrucción”, elaborado por Greenpeace, uno de los “beneficiarios” del reforma de ley de Costas que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es el Grupo Villar Mir.
Se da la circunstancia de que, según se ha sabido a través de los medios de comunicación, el presidente de esta empresa, Juan Miguel Villar Mir, está entre aquellos que supuestamente realizaron pagos al Partido Popular, apunta ICV.
ICV agrega que Juan Miguel Villar Mir posee, a través de su grupo, empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria).
“Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre, se ven beneficiadas de los recortes de protección de la nueva Ley de Costas. Además, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerína, a las órdenes de Arias Cañete es la exdirectora de Planificación de Fertiberia”, continúa la formación de Oritz.
INTERESES PRIVADOS
Para la diptada ecosocialista, “de ser cierta la información aparecida” en la prensa, “se refuerza la sospecha de la existencia de intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas y se hace imprescindible la paralización de su tramitación parlamentaria que se aclaren los pagos de constructores al Partido Popular”.
“La privatización de la costa ya es un escándalo en sí mismo pero la posibilidad de que se haga a favor de empresarios que pueden haber financiado ilegalmente al Partido Popular supondría una de las mayores estafas a los ciudadanos de nuestra democracia”, apostila.