JpD: la reforma de la justicia es un "severo recorte" a derechos ciudadanos

Zaragoza, 10 feb.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera que la reforma de la justicia anunciada por el Gobierno del PP no favorece un proceso de modernización de la misma y supone, además, un "severo recorte" a los derechos de los ciudadanos.

Así lo ha asegurado el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, al término de la reunión mantenida en Zaragoza por el comité ejecutivo de la asociación para analizar las reformas anunciadas en el Congreso por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Ramírez ha explicado que la conclusión de su asociación respecto a las reformas es "tremendamente negativa" al no advertirse un "hilo conductor" o una ordenación "razonablemente diseñada" para dar solución a los problemas estructurales de que adolece la justicia española.

A este respecto, ha destacado que la reforma no incluye medidas estructurales necesarias como el impulso a las nuevas oficinas judiciales, o la reforma de los tribunales de instancia, la Ley de Demarcación y Planta y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha calificado de "imprescindibles" para dar un "servicio de calidad".

Ha admitido que estas medidas tienen un coste económico que el Gobierno ha decidido no asumir, pero ha insistido en que la situación actual de la justicia "exige esa inversión".

En su opinión, la exclusión de medidas en la reforma como el desarrollo de las nuevas oficinas judiciales suponen "paralizar el proceso de modernización de la justicia y dejarnos como estábamos, en el siglo XIX desde el punto de vista de la organización judicial".

El portavoz de la asociación ha rechazado, además, medidas como la cadena perpetua revisable, la modificación de la ley del aborto, la multirreincidencia o las tasas disuasorias para los recursos en segunda o tercera instancia ya que supone un "grave recorte" a los derechos de los ciudadanos.

A su juicio, estas medidas suponen una concepción de la justicia "anclada en una visión política mercantilista de sesgo neoliberal", y no planteada como un servicio público sino como una empresa de la que se obtienen beneficios o pérdidas", algo que, según ha resaltado, "no aceptamos como asociación judicial de izquierdas".

Ramírez ha lamentado la decisión del Gobierno del PP de ceder a "tentaciones populistas" en la adopción de medidas dirigidas a buscar un aumento de la represión penal, como la cadena perpetua revisable", en lugar de abordar una reforma integral de la justicia.

En su opinión, se trata de un discurso "demagógico, barato y populista", ya que el actual Código Penal prevé condenas severas de hasta 40 años de prisión que ya constituyen en sí mismas una "cadena perpetua".

También ha rechazado la propuesta de inclusión del aborto en el derecho penal ya que supone "sacarlo" de su "contexto natural", como son, según ha afirmado, el ámbito de la salud y el derecho de la mujer a decidir.

Ha criticado, asimismo, la medida que exige el consentimiento paterno a las jóvenes de 16 años para abortar ya que, a su juicio, "no se puede forzar a una mujer a la maternidad en contra de su voluntad".