Solicitan una reunión urgente

2.500 jueces reclaman a los principales partidos que despoliticen ya el CGPJ

Tres de las cuatro asociaciones de magistrados recogen unas 20.000 firmas para cambiar el sistema de elección de vocales en plena renovación del órgano.

Consejo General del Poder Judicial
Las negociaciones se han visto afectadas por el acercamiento del Gobierno a Bildu. 
EUROPA PRESS - Archivo

Tres de las cuatro principales asociaciones de magistrados han solicitado a los partidos políticos del país un encuentro urgente para reclamarles un cambio en el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una reivindicación que se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y PP para la renovación del órgano, el cual se mantiene en funciones desde diciembre de 2018. Para ello, estas asociaciones han lanzado su Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, que en pocos días ha recabado un total de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales.

El Manifiesto que firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) recoge la necesidad de que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo, según explican en una nota, es despolitizar el órgano de gobierno de jueces para que éstos puedan votar 12 de los 20 vocales que lo integran. En concreto se tratan de los 12 que la Constitución establece que sean elegidos entre la propia carrera judicial y no a propuesta de los principales partidos políticos. De hecho, apuntan que este cambio legal debe ir en sentido opuesto a la iniciativa parlamentaria registrada recientemente por PSOE y Podemos para reducir la mayoría en la elección de estos doce vocales. La misma está en 'standby' a la espera de cómo avancen las negociaciones con el Partido Popular. 

"Esa reforma agrava aún más la politización del órgano y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia que son exigibles para la separación de poderes", reza el manifiesto firmado por las tres asociaciones, las cuáles representan a un total de 2.500 jueces de la carrera y añaden que lo único que piden es que los políticos cumplan con una reivindicación que, en los últimos meses, no solo se ha escuchado en la esfera judicial. "También y cada vez más los propios ciudadanos españoles y hasta las instituciones europeas (reclaman) que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo", sentencian. 

Los jueces consideran que, si no se sigue con lo expuesto con los Grupos de Estado contra la Corrupción (GRECO) para que los jueces recuperen más cuota de protagonismo, la politización del órgano será cada vez "más descarada" y, además, mantiene la posibilidad de prolongados bloqueos cuando toca renovarlo cada cinco años, como está ocurriendo en la actualidad. Carlos Lesmes, presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, sigue con su mandato en funciones ya que expiró a finales de 2018. Lo mismo ocurre con la totalidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que ya han pedido en reiteradas ocasiones que los partidos impulsen las negociaciones y cumplan con su mandato constitucional.  

El fracaso en las negociaciones entre PP y PSOE llevó a este último partido a registrar una iniciativa parlamentaria para modifica el sistema de mayoría de elección de 12 de los 20 vocales. La propuesta provocó el rechazo de gran parte de la carrera judicial y las advertencias de Bruselas acerca de que podría afectar a la independencia judicial; reacciones que provocaron que las negociaciones se retomaran en aras a cerrar un pacto de renovación que afecta también al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Sin embargo, cuando ya parecía que las conversaciones iban en la senda correcta, el acercamiento del Ejecutivo a Bildu ha vuelto a provocar el rechazo de los populares. 

La formación que lidera Pablo Casado ha vuelto a poner sus líneas rojas al acuerdo, como ya hiciera antes de verano cuando el pacto era casi una realidad. Entonces, las críticas de Podemos a la Monarquía y a la independencia judicial hicieron saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. Del mismo modo, el PP se niega a que la formación de Pablo Iglesias participe en el reparto de vocales. Con estas premisas las conversaciones, que nunca llegaron a romperse del todo, se retomaron hace apenas unas semanas aunque en los últimos días se han vuelto a tambalear también por la Ley Celáa y el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confía en que el acuerdo llegue antes de fin de año. Una tesis que también respaldan implicados en las negociaciones consultados por La Información. 

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