"Estamos en la línea de despolitización de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial". Así ha presentado el líder del PP, Pablo Casado, su propia reforma del órgano de gobierno de los jueces tras el revuelo levantado por el plan de PSOE y Unidas Podemos la pasada semana. La propuesta de los 'populares' aporta novedades en el ámbito de los requisitos para elegir a los vocales del CGPJ. La principal es plantear que se prohíba que los juristas de reconocido prestigio que hayan ocupado cargos políticos puedan ser candidatos a las ocho plazas reservadas a ese perfil. La otra más destacada es impedir que los Parlamentos autonómicos puedan designar como aspirantes al Consejo a magistrados que formen parte de los Tribunales Superiores de Justicia.
"Volvemos al sistema de elección que previeron los constituyentes y que se desarrolló por ley orgánica en 1980, antes de que el Partido Socialista la modificara en el año 85", ha destacado Casado sobre la Proposición que registrará este mismo lunes en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular que preside. En el texto ha anunciado que estará incluida una fórmula para incidir en la "despolitización de la Fiscalía General del Estado". Una cuestión a la que el PP ha apuntado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera promover como fiscal general a Dolores Delgado después de que esta desempeñara el cargo de ministra de Justicia por el PSOE.
Casado ha hecho estos anuncios tras la reunión del Comité de Dirección del PP de cada lunes. Un encuentro que había levantado mucha expectación por el guante que lanzó Sánchez el pasado viernes a los 'populares', a los que invitó a negociar "hoy mismo" la renovación del CGPJ para retirar su propuesta de reducir el requisito de elegir a los jueces que lo conforman de los 3/5 a la mayoría absoluta en las Cortes. Los conservadores respondieron inmediatamente que se negaban a sentarse si no se retiraba antes dicha propuesta, además de exigir que se excluyera a Unidas Podemos del proceso.
Argumentos que el líder de la oposición ha mantenido este lunes, donde ha destacado el "revuelo internacional" que ha levantado el plan del Ejecutivo de coalición para acabar con los dos años de retraso que van ya para renovar el actual Consejo. Donde se ha mostrado especialmente insistente es en su exigencia de apartar al partido de Pablo Iglesias de esta negociación. Entre los motivos que ha expuesto es que en este asunto "es una negociación de partidos, no de Gobierno y oposición". También ha señalado que los morados están "imputados por financiación ilegal". "No puede haber ninguna conversación para la renovación de las instituciones en España con un partido como Podemos", ha advertido.
En definitiva, Casado ha dejado claro que no tiene previsto abrir una negociación con Sánchez. Menos aún con Pablo Iglesias, con el que no se ha mostrado dispuesto ni a discutir su propia reforma. Una propuesta en la que ha anunciado que incluirán otras medidas, como que se establezcan "procedimientos públicos" para todas las reformas de las leyes que afecten al Poder Judicial. En estas se invitaría a las asociaciones judiciales, que tendrían la posibilidad de promocionar o avalar a posibles candidatos a formar parte del CGPJ. Además, ha anunciado que toda decisión del órgano de los jueces estaría sometida a lograr una mayoría de 3/5, como ocurre en el procedimiento parlamentario para elegir a sus miembros.
"Es lo que pensamos que el PSOE debería aceptar, o de lo contrario le costaría mucho explicarlo en Europa", ha asegurado Casado sobre su propuesta de "despolitización" en la que "nos comprometamos que no entren juristas que han sido políticos". Además, ha apelado a que haya un "proceso transparente y público", a la vez que ha recordado que hay que perseverar en la "regeneración". En concreto, se ha referido a los organismos reguladores CNMC y CNMV, ya que se ha quejado de que para su gestión "el Gobierno no está contando con ningún otro partido". "También habría que hablar con la sucesión de reformas legales que tienen que ver con el independentismo en Cataluña o las prebendas que se están permitiendo a los herederos de Batasuna", ha apuntado.
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