La polémica sobre la elección del futuro CGPJ sigue sobre la mesa pese a la propuesta de Pedro Sánchez al PP. Asociaciones de jueces y fiscales han lanzado un "manifiesto ciudadano por la independencia judicial" para instar a los otros poderes del Estado a dejar de interferir en el nombramiento de los jueces y permitir a estos elegir directamente a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suscriben el manifiesto las principales asociaciones de jueces y fiscales, pero se quedan fuera las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
En el texto se señala que un CGPJ elegido al completo por otro poder del Estado "difícilmente puede garantizar dicha independencia" y se reclama la retirada definitiva de la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que rebaja las mayorías parlamentarias para elegir a doce de los veinte vocales.
"Esa reforma agrava aún más la politización del órgano de gobierno de los jueces y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia y apariencia de independencia que son exigibles para la separación de poderes que caracteriza a un Estado de derecho", subrayan.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales destacan que el actual modelo está "agotado, superado y caduco" y piden cumplir las recomendaciones europeas. Y en ese contexto piden que los doce vocales del CGPJ de extracción judicial sean elegidos de forma directa por los jueces y magistrados, quedando en manos del Parlamento el nombramiento de los otros ocho miembros de ese órgano, que deben ser juristas de reconocido prestigio.
Tres vocales progresistas proponen la renuncia en bloque del CGPJ
Por otra parte, tres vocales progresistas han cargado en contrade la declaración del CGPJ sobre la reforma del PSOE y Podemos por ser "un aviso altivo e impertinente" y proponen que "la mejor contribución de este órgano", sea para una reforma consensuada o para desbloquear la renovación, "sería la renuncia en bloque de sus miembros". Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda votaron el pasado miércoles en contra de la declaración aprobada por el Consejo en la que evitó posicionarse sobre la "controversia" que genera la reforma, pero advirtió que "se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos" por si se retoman o impulsan iniciativas que son contrarias a la Constitución.
Los tres vocales formularon un voto particular, al que ha tenido acceso Efe, en el que consideran "desde el respeto" que la declaración "no contribuye a preservar al CGPJ del debate político". Y proponen que "la mejor contribución del Consejo, ya sea a una reforma legal ampliamente consensuada en el marco de un gran acuerdo de Estado, o ya lo sea al desbloqueo de la institución, para evitar así las expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación del mismo, sería la renuncia en bloque de sus miembros o al menos la renuncia de once de su vocales".
"Se incurre en la imprudencia"
Cuesta, Sáez y Sepúlveda consideran que en la declaración "se deslizan juicios de inconstitucionalidad" sobre la reforma y supone "un aviso altivo e impertinente de permanencia en alerta" además de una "inapropiada y pretendida extensión totalizadora de un órgano, que ni es jurisdiccional ni es Poder Judicial". "El CGPJ no puede ni insinuar alegremente un juicio de inconstitucionalidad ni de merma o ataque respecto a una proposición de Ley orgánica", afirman los vocales que advierten de que "los juicios emitidos incurren en imprudencia".
Asimismo, creen que cualquier pronunciamiento del Consejo sobre la reforma es "precipitada, extemporánea e inconveniente desde la lealtad institucional" pues se trata de "una iniciativa parlamentaria" que "no debe ser obstaculizada ni interferida por un órgano constitucional", ya que el Consejo no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de Ley, salvo que lo hubiera pedido el Congreso, lo que no es el presente caso. "¿Puede atribuirse este órgano funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias antes de que se pronuncien las cámaras o el propio Gobierno?", se preguntan los vocales. "A nuestro juicio, no", responden.
El ministro, convencido de que habrá acuerdo con el PP
Por su parte, ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho este viernes que hay una "razonable esperanza" de llegar a un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, un mandato constitucional pendiente desde hace dos años. En declaraciones en Onda Cero que recoge Efe, Campo ha reconocido que "sería muy bonito" que el acuerdo se alcanzase coincidiendo con el Día de la Constitución el próximo 6 de diciembre. El titular de Justicia ha asegurado que no deja de hablar de este asunto con el portavoz de Justicia del PP, Enrique López.
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