El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se beneficiará en 2021 de una partida superior a la obtenida este ejercicio. De acuerdo con lo contenido en los Presupuestos Generales del próximo año, el órgano de gobierno de jueces recibirá 73 millones de euros, lo que supone un 12,04% más que la partida destinada para este año, de 65 millones de euros. Esta dotación extra se conoce en plena negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde 2018, por lo que todavía se desconocen los nuevos 20 vocales que se beneficiarán de este incremento presupuestario.
Casi todas las remesas relacionadas con el CGPJ aumentan su presupuesto. Entre ellas se encuentran las dotaciones a los gastos de personal o bienes y servicios. Por contra, disminuye la inversión en transferencias corrientes y en inversiones reales. En líneas generales la Administración de Justicia es una de las beneficiarias de las subidas incluidas en las cuentas públicas presentadas esta semana por el Ejecutivo. De hecho, el departamento que dirige Juan Carlos Campo contará con 2.014 millones más que el actual ejercicio, lo que supone un incremento del 7,2%. La inversión en el Consejo que todavía preside Carlos Lesmes viene acompañada además de la creación de más plazas en la carrera judicial.
En concreto, barajan una oferta de empleo de 240 plazas de jueces y fiscales con el fin de reducir la interinidad y la sobrecarga en la planta judicial. Se trata de uno de los reclamos más reivindicados de toda la Administración de Justicia y por el que se han manifestado en numerosas ocasiones. Para la posteridad queda la huelga que secundaron la jornada del 20 de noviembre de 2018 en la que por primera vez en la historia participaron todas las asociaciones de magistrados y fiscales. La petición lanzada a la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado fue dotar de una mayor inversión a la planta judicial en España ya que mientras en Europa la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes en nuestro país la cifra se reduce a 11.
El objetivo 'papel cero'
El capítulo de los presupuestos destinado a Justicia también recoge uno de los principales proyectos de este nuevo Ejecutivo: el de otorgar la instrucción a los fiscales. Al respecto, mencionan el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que ya trabaja el Ministerio de Justicia para presentarlo antes de que termine el año. Otra de las partidas más beneficiadas en este nuevo reparto es la relativa a la modernización tecnológica. A este capítulo concreto destinan 149 millones con el fin, según recogen, de dar cumplimiento a una de las prioridades del nuevo equipo de Justicia. La transformación digital a la que tantas veces ha recurrido el ministro se articula en torno a tres marcos: el normativo, las herramientas de cooperación y las herramientas tecnológicas.
Lo cierto es que la falta de modernización de los sistemas es otra de las quejas constantes de la Administración de Justicia. El objetivo de 'papel cero' que ya se marcó el anterior Ejecutivo popular no ha tenido una implantación real en los juzgados de España, ni tampoco en las comunicaciones que se libran cada día a los juzgados. Todas estas carencias denunciadas durante los últimos años se han puesto de manifiesto durante la crisis de la covid. Ello llevó a Justicia a poner en marcha un plan de choque para evitar el temido colapso en el sector después del parón obligado por la crisis sanitaria. La dotación del mismo fue de 50 millones de euros y el objetivo en primera instancia era aliviar la acumulación de litigios derivado de la crisis sanitaria, especialmente en el orden civil y social. De hecho, una de las medidas estrella del plan propuesto por el CGPJ fue la tramitación judicial urgente de las causas por despido hasta finales de 2020.
Las reuniones que los actores jurídicos han mantenido con el Ministerio han sido constantes hasta ahora. Sin embargo, los planes del Ejecutivo de tramitar una proposición de ley que implicara un cambio en la elección de vocales de su órgano de gobierno provocó una oleada de protestas y una ruptura sin precedentes de las asociaciones con Justicia. Las mismas dejaron claro que plantarían al ministro en sus encuentros en el Palacio de Parcent hasta que no retirara esta iniciativa, que además no llevaba aparejada la redacción de informes del CGPJ o de otros órganos por tramitarse en la cámara baja. Sin embargo, el anuncio de Sánchez de renunciar a este cambio legal ante las quejas del sector y las advertencias de Europa tranquilizó las aguas y sirvió de cauce para que PSOE y PP reanudaran las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Aunque las mismas nunca llegaron a romperse ahora parecen que encauzan un nuevo camino con el fin de llegar a un acuerdo lo antes posible en base a lo estipulado en julio, cuando el pacto parecía una realidad; esto es diez vocales elegidos por la formación de Casado y diez por Sánchez, tal y como adelantó este diario. Además, se estudia que sea una mujer la que por primera vez presida el CGPJ. El órgano celebró este miércoles un pleno extraordinario a petición de siete vocales que reclamaron una respuesta férrea de su órgano a la propuesta de reforma del Poder Judicial. Tras el encuentro, el Pleno plasmó en un comunicado oficial que no consideraban necesario "llevar a cabo una manifestación expresa de su opinión" sobre la proposición de ley a tenor de la reactivación de las negociaciones.
No obstante, volvieron a demostrar la división latente en su seno. Aunque todos plasmaron su intención de que se desbloquee la situación lo antes posible, esta comunicación contó con el respaldo de 13 de los 20 vocales. Cuatro votaron en contra (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Carmen Llombart) y otros cuatro en blanco (Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán). Estos últimos consideran "imprescindible" un pronunciamiento oficial teniendo en cuenta el eco que ha tenido en Europa el anuncio del Gobierno. Además denuncian que la reforma no solo no devuelve protagonismo a los jueces en la elección de sus homólogos sino que, eliminar el mecanismo de elección por mayoría de 3/5 acarrearía una mayor politización del órgano.
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