El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar otros seis meses la instrucción de la pieza 17 de la macrocausa 'Tándem', relacionada con los presuntos encargos que Iberdrola habría realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo, revocando asimismo la condición de querellante o perjudicado de la empresa. Este auto se publica cuando apenas ha pasado una semana desde la declaración del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y los directivos de su cúpula cuando se produjeron los hechos investigados, que están pendientes de que García Castellón se pronuncie lo antes posible sobre su petición de desimputación.
En el nuevo auto, fechado este mismo jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 prolonga la investigación hasta el próximo 27 de julio con el fin de practicar una batería de diligencias para completar la investigación de la causa, entre las que se incluye la citación de 15 personas. En esa ronda de declaraciones destaca la del comisario Enrique García Castaño, que comparecerá con la garantía de investigado por figurar con esta condición en otras piezas de la causa y pesa a estar prescritas sus responsabilidades en esta pieza.
La Fiscalía Anticorrupción es la que ha pedido la declaración del policía apodado como 'El Gordo', por entender que pudo haber proporcionado información en el trabajo del 'proyecto Arrow', en Arcos de la Frontera, algo que constituiría un relevante indicio de que era "el proveedor habitual de esta documentaci6n que CENYT obtenía y cedía a sus clientes particulares" quien, a su vez, "obtendría dicha información con abuso de sus funciones públicas como Jefe de Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaria General de Información".
El magistrado también escuchará como investigado al responsable del área Corporativa de Seguridad en el Extranjero del Grupo Iberdrola, Enrique Victorero. Las fuentes consultadas no descartan incluso que alguna de estas comparecencias nuevas de responsables de la eléctrica ser realicen antes incluso de que el juez decida si mantiene la condición de imputado sobre Sánchez Galán y parte de su equipo directivo, tal y como ocurrió al decidir y retirar la imputación sobre otra empresas en la misma macrocausa.
Es en ese contexto donde se enmarca la posible citación de las dos responsables de cumplimiento normativo ('compliance officer') de Iberdrola Renovables, entidad jurídica que está imputada en la causa, y de Iberdrola SA, si bien queda supeditada a un informe previo para determinar hasta que punto ambas estaban al tanto de esas funciones en el momento de los hechos. La pretensión del juez con esta prórroga y las nuevas citaciones es, por un lado, esclarecer lo hechos que se investigan de los contratos de Villarejo con las personas perjudicadas o implicadas en cada uno de ellos. Y por otro lado, tomar declaración a los responsables de Casesa, la empresa que emitió las supuestas facturas manipuladas que escondían los trabajos de Villarejo.
Validez del informe de Del Olmo
El auto de García Castellón analiza además la pretensión de Iberdrola de personarse como perjudicado dentro de esta misma causa por entender que el informe en el que se fundamenta el caso desde el principio, aportado por el excontroler de la entidad, José Antonio del Olmo, es falso y nunca estuvo incluido como documentación oficial dentro de la compañía. En esta ocasión y a pesar de que el juez le dijera a Galán en su declaración que pidiera su personación como perjudicado cuando quisiera, García Castellón deja muy claro que ese informe es un "documento necesario para el esclarecimiento de los hechos" y podrá ser sometido a contradicción en la instrucción, incluso utilizado como una prueba válida en un posible juicio oral.
Es por ello que el juez entiende que no podrá analizarse en esta causa la posibilidad de que el informe de Del Olmo sea falso o haya sido manipulado, como pedía Iberdrola para justificar su condición de querellante, de forma que ese análisis "debera posponerse hasta la conclusión de la investigación y, de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos para los que se sigue esta pieza separada." Es más, el juez advierte a la representación legal de la empresa de la contradicción que puede suponer su demanda de que además se enjuicie a Del Olmo por revelación de secretos, porque eso supondría, de facto, admitir que el informe y los datos aportados son veraces, algo que no concuerda con la acusación de falsedad.
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