Todo se ha centrado en intentar que Ignacio Sánchez Galán salga indemne del ‘caso Villarejo’. El presidente de Iberdrola se enfrentó el pasado martes a su declaración como imputado siguiendo una estrategia muy similar a la utilizada por otros investigados de cierto prestigio, que han terminado siendo exonerados con su reputación prácticamente intacta. Una comparecencia judicial que además ha estado precedida de una serie de escritos en los que su defensa ha insistido en el daño que supone para un líder del Ibex 35, y por ende para su empresa, estar investigado en una causa judicial que se encuentra diariamente en el foco de la prensa.
La investigación sobre los servicios que el comisario jubilado José Manuel Villarejo prestó a Iberdrola se inició en octubre de 2019, si bien el máximo responsable de la compañía eléctrica no era imputado por los delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad hasta 20 meses después, en junio de 2021. No obstante, el plan para intentar que el daño reputacional a Sánchez Galán fuera el menor posible ya se había puesto en marcha. Y es que verse implicado en una macrocausa judicial, como la que sigue la Audiencia Nacional por los trabajos privados de presuntos espionajes que realizó el agente encubierto mientras seguía estando en servicio activo para la Policía Nacional, podría tener graves consecuencias a nivel empresarial, como puede ser el relevo de sus funciones como líder de la primera compañía eléctrica de España.
Pese a que la mayoría de directivos que han desfilado por la Audiencia Nacional como imputados han desvinculado al presidente de Iberdrola de los hechos investigados, como hizo el exjefe de Seguridad Antonio Asenjo; la mirada de los investigadores se sitúa en Sánchez Galán desde diciembre de 2019 cuando el exdirector de Control Corporativo de la compañía José Antonio del Olmo entregó un informe que elaboró 15 años antes afirmando que la cúpula de la compañía eléctrica conocía que se habían incurrido en irregularidades con la contratación de Villarejo.
Sin embargo, las alarmas saltaron del todo el pasado mes de mayo cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional aportó a la causa un informe con el análisis y la transcripción de nueve audios de las conversaciones que el comisario jubilado mantuvo con Asenjo. En ellas, Villarejo aludía a Sánchez Galán como “el jefe”, “don Ignacio” o “señorito” con el objetivo de que su interlocutor le trasladara la opinión que tenía la cúpula de sus trabajos y conseguir más dinero por ellos. Fue entonces cuando el presidente de Iberdrola, a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se puso a disposición del juez Manuel García Castellón para despejar cualquier duda.
Numerosos escritos al juez
Sánchez Galán contrató a uno de los mejores abogados penalistas, Carlos Domínguez, que ya se había visto las caras con el juez instructor, al ejercer como defensa del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, a quien libró de los casos de corrupción ‘Púnica’ y ‘Lezo’. La primera actuación para tratar de impedir que el presidente de Iberdrola se pusiera frente al juez llegó poco después de la imputación. El letrado planteó, conjuntamente con el equipo legal de la eléctrica, un incidente de nulidad de la causa, así como un recurso por prescripción de los hechos investigados. Ello tan solo consiguió que el magistrado aplazara el interrogatorio hasta resolver dichas cuestiones para evitar vulneración de derechos, si bien el asunto finalmente llegó hasta la Sala de lo Penal, que el pasado mes de noviembre puso orden en la causa, permitiendo al instructor que retomara las declaraciones suspendidas casi medio año antes.
Mientras tanto, la defensa de Sánchez Galán no se quedó de brazos cruzados, pues presentó numerosos escritos instando al juez a que acelerara la investigación que se encontraba en ‘stand by’. En este contexto, el abogado Carlos Domínguez pidió al juez aplicar a su cliente la misma doctrina que siguió con Repsol y CaixaBank para acordar su archivo en la macrocausa 'Tándem'. Asimismo, llegó a culpar al magistrado de estar causándole un grave daño reputacional, poniendo como ejemplo más claro la operación fallida en Estados Unidos con la compra frustrada de PNM Resources.
Finalmente, el día de la declaración ante el juez llegó el pasado 18 de enero, sin poder evitar el ‘paseíllo’ ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional para inmortalizar su entrada en la sede judicial. Durante más de dos horas, el presidente de Iberdrola contestó a las preguntas del juez instructor y de la Fiscalía Anticorrupción y aseguró que él no había ordenado ni autorizado la contratación de Villarejo. Es más, no sólo tachó de “deplorable y no admisible” los espionajes a otros empresarios de la competencia, como el presidente de ACS, Floretino Pérez, y el expresidente de Endesa Manuel Pizarro, sino que se presentó como una víctima más de las investigaciones del comisario jubilado.
Durante más de dos horas, el presidente de Iberdrola aseguró que él no había ordenado ni autorizado la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Se presentó como una víctima
Tras ello, pese a que este último extremo fue otro de los puntos que la defensa ya había expuesto sin éxito en sus escritos, el juez García Castellón instó a Sánchez Galán a denunciar esos hechos formalmente y solicitar su personación como perjudicado. De conseguirlo, la situación procesal cambiaría por completo, ya que le situaría al otro lado del estrado, al lado de la propia Iberdrola, que acusa directamente al ex 'controller' José Antonio Del Olmo, contra quien mantiene una batalla legal en distintos tribunales por la presunta falsedad del informe; y junto a uno de sus mayores rivales, Florentino Pérez, cuyo objetivo es conseguir que todo el grupo que dirige Sánchez Galán responda por el presunto encargo de su espionaje.
Pero la principal clave en la defensa de Sánchez Galán es la utilización de la misma estrategia que en su día pusieron en práctica Repsol y Caixa para conseguir su desimputación del caso ‘Tándem’. El magistrado instructor determinó en un auto -aún pendiente de revisión por la Sala de lo Penal- que no había quedado probado que la contratación del polémico policía recayera en el “ámbito de control” de los máximos responsables de estas dos empresas del Ibex 35. En este sentido, Sánchez Galán subrayó que el presidente de una compañía como Iberdrola no estaba en el día a día de las actuaciones de sus subordinados, pues cada una de las empresas que forman parte de la multinacional vasca tienen autonomía en las decisiones que adoptaban y eran controladas por los directores de cada departamento.
De este modo, se desligó por completo de la contratación del entramado empresarial de Villarejo, el Grupo Cenyt, y responsabilizó de ello al entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo. En esta línea, recordó que este directivo fue despedido después de que admitiera ante el juez la manipulación de los conceptos de las facturas para saltarse los controles internos. Asimismo, aprovechó también para restar credibilidad al ex 'controller' José Antonio del Olmo por depositar ante notario su informe sin antes alertar a sus superiores de las anomalías detectadas, ni utilizar los canales de denuncias habilitados en la empresa, y sacarlo a luz años después para perjudicar a la compañía.
Cabe destacar que Sánchez Galán se presentó ante el juez con el respaldo de otros directivos de Iberdrola, cuyos turnos para declarar como imputados ya había tenido lugar previamente y manifestaron unas versiones muy similares a la suya. Lo mismo hizo un día después el representante de Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica, quien recalcó la independencia que tiene cada empresa del grupo y cada uno de sus departamentos para contratar. Es más, al margen de también cargar sobre Asenjo la responsabilidad de tener que hacer frente a un pago de 29.500 euros dirigido a las empresas de Villarejo, se escudó en que dicho abono no correspondía a unos servicios prestados, sino a los gastos originados por una oferta que presentó Cenyt. Así, la filial de energías renovables emuló la versión que dio la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal para justificar un pago al comisario jubilado de unos servicios que no llegó a realizar y conseguir su desimputación por el delito de cohecho en otra línea de investigación del caso 'Tándem', la relativa a la 'operación Kitchen'.
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