Carlos Arrazola
Guatemala, 27 dic.- Un grupo de juristas y activistas humanitarios de España se unió hoy a las peticiones presentadas por colegas suyos guatemaltecos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) de este país para que rechace la amnistía solicitada por el general golpista José Efraín Ríos Montt, procesado por genocidio.
Por medio de un recurso de "Amicus Curiae", las fundaciones españolas Madrid Paz y Solidaridad y Consejo General de la Abogacía Española, pidieron al máximo tribunal de este país centroamericano abstenerse de "fomentar la impunidad" y las violaciones a los derechos humanos, con una eventual amnistía para el anciano general.
Ríos Montt, de 80 años, pretende que la CC le aplique una Ley de Amnistía aprobada en 1986 por el también general golpista Óscar Mejía Víctores, el último gobernante de la dictadura militar, para evitar ser procesado por genocidio y crímenes de guerra perpetrados por el Ejército durante los 18 meses de su Gobierno.
Los abogados y activistas de las organizaciones guatemaltecas Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Fundación Myrna Mack y Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, entre otras, han advertido a la CC que conceder una amnistía a Ríos Montt sería "ilegal e inconstitucional" debido a que la ley invocada no está vigente.
La amnistía que se encuentra vigente es la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1996 por el Parlamento, la cual dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas y desaparición forzada.
En el recurso de "Amicus Curiae", o "amigos de la Corte", los abogados españoles advierten que "sería una grave violación de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y un gran varapalo para las víctimas" amnistiar al militar retirado porque los delitos de que se le acusa son "crímenes de lesa humanidad".
"Hemos recibido el recurso, el cual será trasladado al pleno de magistrados, quienes lo conocerán y decidirán al respecto", dijo a Efe una oficial de la CC encargada de recibir el documento.
El documento también fue suscrito por la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rights International Spain y los prestigiosos juristas españoles José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo; Elisa Veiga Nicole, exmagistrada de la Audiencia Nacional, y Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de la Audiencia de Barcelona.
Los abogados de Ríos Montt, quien gobernó Guatemala con mano dura entre 1982 y 1983, en la peor época del conflicto armado (1960-1996) que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, han interpuesto ante los tribunales una serie de recursos para evitar su procesamiento por genocidio y crímenes de guerra.
El pasado 12 de octubre, un alto tribunal le rechazó al ex jefe de Estado de facto una petición de amnistía por considerarla "frívola e innecesaria".
Ríos Montt es procesado por la matanza de 201 campesinos perpetrada por el Ejército en la aldea Dos Erres, en el departamento norteño de Petén, en 1982, delito por el que ya fueron condenados a 6.060 años de cárcel cinco exmilitares.
Además, el militar retirado se enfrenta a otro proceso judicial por la matanza de más de 1.700 indígenas en el departamento noroccidental de Quiché durante su régimen.
Una eventual amnistía a Ríos Montt favorecería a los generales retirados Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez, detenidos en junio y octubre de 2011, respectivamente, y procesados también por genocidio.
Ambos están recluidos en el hospital militar, al argumentar quebrantos de salud.
Además, según los abogados guatemaltecos, un fallo de esa naturaleza "echaría por los suelos" las sentencias dictadas ya contra al menos una decena de exmilitares y antiguos colaboradores del Ejército tras ser condenados por delitos de lesa humanidad cometidos contra civiles durante la guerra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, anunció el martes en un comunicado que cualquier amnistía dictada a favor de violadores a los derechos humanos sería "inadmisible".
Los Estados miembros del sistema Interamericano, precisó, tienen el deber de "investigar, juzgar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil". EFE
ca/hma/aaj
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios