Asunción, 12 dic.- La Corte Suprema de Justicia de Paraguay abrió hoy un sumario por presuntas irregularidades a los tres abogados de los campesinos acusados de cometer una masacre hace dos años, en la que murieron 11 labriegos y 6 policías y que causó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Vicente Morales, uno de los abogados, explicó a Efe que el proceso disciplinario, que está instruido por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, tiene como causales "abuso del ejercicio de defensa, mala fe e incidentes dilatorios".
El letrado opinó que se trata de "una arbitrariedad más de las que se vienen cometiendo en el caso, esta vez contra los abogados" de los 13 campesinos acusados.
Según Morales, no se sostiene que la Corte Suprema les acuse de dilatar el proceso cuando el juicio ha sido suspendido varias veces, la última en noviembre de este año.
"La Justicia decidió suspenderlo y prolongarlo hasta junio de 2015, quiere decir que decidieron suspender el juicio ocho meses y ahora procesan a los defensores técnicos por la dilación", relató Morales.
Agregó que "se trata de un ataque directo a la defensa de los procesados" por hacer su trabajo.
De acuerdo con el abogado, tras la instrucción del Consejo de Superintendencia, la Corte Suprema establecerá si aplica o no una sanción disciplinaria contra los tres letrados.
Las sanciones podrían ir desde la suspensión parcial de la profesión, el apercibimiento o la suspensión definitiva, hasta el abandono de la abogacía.
Tanto Morales como el resto de defensores habían denunciado en repetidas ocasiones que el juicio "se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas, la ocultación de pruebas".
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012, cuando unos 30 campesinos ocuparon unas tierras en Curuguaty (oeste), al afirmar que pertenecían al Estado y reclamar su inclusión dentro del reparto del programa de reforma agraria.
La ocupación fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron las muertes.
Los trece campesinos imputados enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías.
Sin embargo, no hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos que también perecieron durante los enfrentamientos.
El terreno, unas 2.000 hectáreas, está en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado.
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