Justicia: vincular las tasas a la justicia gratuita dependerá de lo recaudado

Madrid, 7 oct.- El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha señalado hoy que la vinculación de la ley de tasas con la justicia gratuita estará supeditada a conocer la recaudación efectiva por las tasas en 2013 y a alcanzar un acuerdo entre las comunidades autónomas y los Ministerios de Hacienda y Justicia.

Bravo ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Congreso junto al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el secretario general de Administración de Justicia, Joaquín Silguero, para exponer las líneas maestras de los presupuestos del Departamento para el próximo año, que ascienden a 1.500 millones de euros, un 2,7 por ciento menos que este año.

Los portavoces del PSOE, Pablo Martín Peré, y de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, han arremetido contra la ley de tasas judiciales por considerar que "vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia" y es un ejemplo de "la propaganda que raya en la mentira" del Gobierno.

En su intervención, el subsecretario de Justicia ha indicado que la recaudación por las tasas judiciales a final de ejercicio quedará por debajo de las previsiones que se barajaban inicialmente, a tenor de la caída del 23 por ciento de la litigiosidad en el orden contencioso-administrativo en el primer trimestre de 2013 en relación con el año anterior.

Ha estimado que la caída de la litigiosidad no se debe a la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, sino a la ley de medidas de agilización procesal del año 2011.

Según Bravo, la "vinculación" de la ley de tasas con el sistema de justicia gratuita está supeditada a conocer cuál es la recaudación efectiva por tasas en 2013 y a alcanzar un acuerdo entre las diferentes comunidades con las competencias transferidas y los ministerios de Hacienda y Justicia.

El objetivo que el Departamento de Justicia mantiene y espera alcanzar a lo largo del primer semestre de 2014 es garantizar que el servicio público de justicia gratuita queda "plenamente cubierto", con independencia de los problemas presupuestarios de cada administración pública, ha resaltado.

Martín Peré ha acusado al Gobierno de vulnerar el derecho de los ciudadanos a acceder a un servicio esencial como la Administración de Justicia, ya que dependerá de sus cuentas corrientes.

"El presupuesto de Justicia no deja de menguar en cada ejercicio mientras los objetivos se mantienen", según el diputado socialista, quien ha puesto en duda que las metas "loables" del Departamento vayan a poder cumplirse.

Por su parte, Llamazares ha criticado que el Ejecutivo dijera que la ley de tasas judiciales era para financiar la justicia gratuita, cuando hay 365 millones de euros de ingresos por tasas y la justicia gratuita representa menos del 10 por ciento de lo ingresado, a la vez que ha rechazado las tasas judiciales por "elitistas" y "discriminatorias".

El portavoz de IU ha aludido a "la hibernación del Ministerio de Justicia", que mantiene sus "constantes vitales" y "una vida vegetativa", ante la preocupación y la frustración de los ciudadanos por las "enormes carencias" del sector.

En su alocución, el secretario de Estado ha expresado su convicción de que, en el actual contexto económico, los presupuestos para el próximo año, son "suficientes" para llevar a cabo la política en materia de Justicia.

Román ha remarcado que las cuentas para 2014, con ajustes inferiores a la media de los Presupuestos Generales del Estado, no suponen "una merma del servicio público de la Justicia" y se proponen resolver los principales problemas del sector, basado en "un modelo agotado" y con un índice de litigiosidad superior al de los países del entorno.

Ha calificado de "austeras" y "realistas" las previsiones presupuestarias para el próximo año, al tiempo que ha destacado el esfuerzo por la racionalización del gasto y el aprovechamiento de los recursos para estimular el crecimiento económico, apostar por la modernización tecnológica y la profesionalización de la Justicia.

Ha avanzado que los anteproyectos de la nueva Ley de Demarcación y Planta y la Ley de Enjuiciamiento Criminal estarán listos para ser presentados al Consejo de Gobierno antes de que finalice 2013.