Juzgan a dos violadores múltiples en caso que llevó a prisión a otro hombre

  • La Audiencia Provincial de Cádiz ha iniciado hoy el juicio contra dos hombres acusados de una decena de violaciones y agresiones sexuales cometidas entre 1995 y 2000, una de las cuales fue imputada por error a Rafael Ricardi, que pasó trece años en prisión hasta que se descubrió la confusión.

Cádiz, 16 ene.- La Audiencia Provincial de Cádiz ha iniciado hoy el juicio contra dos hombres acusados de una decena de violaciones y agresiones sexuales cometidas entre 1995 y 2000, una de las cuales fue imputada por error a Rafael Ricardi, que pasó trece años en prisión hasta que se descubrió la confusión.

El fiscal pide para estos dos hombres, J.B.G., de 55 años, y F.P.G., de 56, condenas de 191 y 293 años de prisión respectivamente, como autores de una cadena de violaciones y agresiones sexuales que ocurrieron en localidades gaditanas como El Puerto de Santa María y Puerto Real.

La Sección IV de la Audiencia de Cádiz ha iniciado hoy el juicio contra estos dos acusados, una vista que se ha celebrado a puerta cerrada y en la que el tribunal ha escuchado por videoconferencia el testimonio de las mujeres que fueron víctimas de los agresores.

La vista oral concluirá previsiblemente el miércoles, una jornada en la que las defensas de los acusados han pedido la comparecencia ante el tribunal como testigo de Rafael Ricardi, un gaditano que pasó trece años en prisión acusado por error de una de las violaciones que son ahora imputadas a los dos hombres juzgados.

En 2008 unas pruebas de ADN demostraron que Rafael Ricardi, que había sido confundido con uno de los violadores, no era el delincuente sexual buscado, lo que llevó a una nueva investigación fruto de la cual fueron identificados J.B.G. y Fernando P.G.

Los investigadores descubrieron además que estos dos hombres eran también autores de una serie de delitos sexuales cometidos en la zona en parecidas circunstancias: actuaban en pareja y con los rostros ocultos generalmente por un pasamontañas.

Tras descubrirse el error, Rafael Ricardi fue puesto en libertad y en octubre del 2010 el Consejo de Estado autorizó que se le indemnizara con 550.000 euros, una cantidad que su abogada calificó de "irrisoria" tras pasar trece años en prisión.

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