Nairobi, 17 oct.- Personalidades kenianas apostaron hoy por el nacionalismo ante las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han pedido a los países miembros de la Corte Penal Internacional sanciones económicas a Kenia si se prueba que el Gobierno de Uhuru Kenyatta no ha cooperado en la investigación contra él.
Entre las organizaciones kenianas que han pedido esas sanciones contra el país están el "Open Society Institute of East Africa", "Kenyans for Peace Truth & Justice" y la Comisión Internacional de Juristas de Kenia.
Sin embargo, el ex candidato presidencial Ronald Osumba restó importancia a la posibilidad de que los miembros de la CPI recogieran la sugerencia de las ONG y declaró a Efe que "no es un gran problema ahora", ya que el Gobierno de Kenyatta ha dado "suficiente cooperación".
Según insistió a Efe, esas ONG habrían pedido sanciones contra aquellos gobiernos que no colaboren con la justicia internacional, lo que "no sería el caso" de Uhuru Kenyatta.
"Cuando la ICC ha pedido informaciones concretas, les han sido dadas", afirmó Osumba, quien añadió que "otra cosa es que la fiscalía haya fallado en hacer las peticiones específicas".
Sin embargo, el fiscal Benjamin Gumpert de la CPI denunció durante la vista de Kenyatta en La Haya "la obstrucción inapropiada" y "la falta de cooperación" del Gobierno de Kenia, que incluso podría obligar a la Fiscalía a "no continuar con el proceso".
En el foro que tuvo lugar hoy en Nairobi, la periodista Betty Waitherero declaró que estas ONG "no tienen el poder de imponer sanciones de ningún tipo".
Por su parte, el diputado John Mbadi reiteró que la búsqueda de la justicia tras la violencia postelectoral "no es una responsabilidad de la sociedad civil ni de las ONG, sino de nuestra corte".
Los dos diputados kenianos presentes en el foro, Mbadi y Moses Kuria, insistieron en que "Kenia no necesita este proceso", y que los recursos "desperdiciados" en llevar a juicio a Kenyatta podrían haber sido utilizados para resarcir a las víctimas.
"La CPI es incapaz de aportar justicia a esas víctimas", criticó el consultor político Mak'Odingo, quien afirmó que la CPI "tiene objetivos políticos, nada que ver con la justicia".
En este sentido, resaltó las "percepciones occidentales de la justicia" y la "agenda activista" que "guía a la CPI".
El excandidato Osumba afirmó que este proceso judicial "no está ayudando a Kenia", y está impidiendo que la "nación siga adelante".
Las personalidades kenianas reunidas hoy en el foro insistieron en que lo que necesita Kenia es "un proceso de conciliación" al estilo del que ocurrió en Sudáfrica, y para eso "no es positiva la intervención de la CPI".
Moses Kuria, por su parte, señaló las "prioridades nacionales" que las ONG deberían tener, y las instó a declararse "agentes extranjeros" si no siguen esas prioridades y reciben dinero de países occidentales "en lugar de trabajar por África".
Aunque Kennyatta afirmó ante el Congreso keniano que "iría como ciudadano, no como presidente de la nación", los ponentes admitieron que es "innegable" que su puesto actual le permite "interferir en la investigación" y que el proceso "daña la imagen del país".
La Fiscalía del alto tribunal de la ONU acusa a Kenyatta de haber orquestado y financiado las turbas que en 2007 protagonizaron la grave ola de violencia postelectoral vivida en el país, cuando ostentaba el cargo de viceprimer ministro y titular de Finanzas.
En aquellos altercados murieron unas 1.300 personas, y más de 600.000 se vieron obligadas a dejar sus hogares.
Kenyatta y Ruto ganaron las elecciones de marzo de 2013 que, a diferencia de las de finales de 2007, se desarrollaron en general de forma pacífica.
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