Domingo, 17.12.2017 - 18:15 h
Las  multinacionales demandan a su Ayuntamiento

L'Ametlla, el pueblo de 7.000 vecinos que ha levantado la ira de BBVA, Lidl y Sareb

La cadena alemana de supermercados, al igual que los bancos, presentan ante el TSJC recursos por  obstáculos urbanísticos del municipio de Tarragona.

Fotografía del pueblo de La Ametlla de Mar.
Fotografía del pueblo de La Ametlla de Mar.

Todo comenzó en agosto del pasado año. El Ayuntamiento de La Ametlla de Mar​​, pequeño municipio costero de Tarragona, denegó a la cadena alemana de supermercados Lidl la construcción de una sede comercial. La empresa deseaba edificar una sucursal en el sector urbanístico 22B1, que es una parcela situada en el acceso a la comarca. Pero el Gobierno local, de ERC, denegó esa petición... y terminó desatando una guerra judicial.

Hoy, quince meses después, colosos y multinacionales han apuntado con sus miras hacia la pequeña localidad, que debe enfrentar ahora una lluvia de recursos judiciales. No solo Lidl ha demandado al municipio. También BBVA y Sareb, entre otros grupos empresariales. Los denunciantes han arremetido en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la situación urbanística actual del pueblo.

El último plan urbanístico de La Ametlla de Mar ha quedado 'sin efecto' el pasado año. Es decir, el Ayuntamiento se rige en el presente por el Plan General de 1992, que califica la parcela donde se pretendía ubicar el nuevo supermercado de Lidl como "suelo urbanizable no programado". La decisión del Consistorio obedece a que no piensa conceder licencias para la instalación de superficies comerciales fuera del núcleo urbano, pero Lidl reclama que ese terreno es de su propiedad. Ese bloqueo ha levantado la ira de las multinacionales.

"Confirmamos la presentación del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque consideramos que es justo, ya que el Ayuntamiento de La Ametlla de Mar no permite desarrollar nuestro plan", ha indicado un portavoz de Lidl, que no ha querido ahondar más en la cuestión. Fuentes del Consistorio, por su parte, han confirmado a este medio que el alto tribunal catalán ha admitido a trámite el recurso, pero su alcalde, Jordi Gaseni (ERC) ha preferido no hablar con este medio.

Al recurso de Lidl ante el TSJC se une además el de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). En Tarragona, el conocido como 'Banco Malo' posee suelos no solo en La Ametlla de Mar, sino también en la comarca de Riudoms. En realidad, en toda Cataluña, Sareb posee unos terrenos con una edificabilidad total de 70.000 metros cuadrados. En su mayoría están situados en la ciudad de Barcelona, pero la oferta también incluye los municipios colindantes de Terrassa, Sabadell y Llinars del Vallés.

Activos inmobiliarios

A esta entidad le urge que le concedan las licencias para poder comercializar los activos inmobiliarios que le fueron traspasados. Algo similar ocurre con el BBVA, cuya inmobiliaria 'Anida Operaciones Singulares' también demanda al municipio por motivos similares. La aplicación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de La Ametlla de Mar viene siendo objeto de una tremenda polémica.

El Tribunal Supremo dio la razón a dos constructoras, que recurrieron la modificación realizada por el Ayuntamiento para no permitir la edificabilidad de unas zonas naturales en primera línea de la costa en este pueblo de pescadores. Por este motivo, el máximo órgano judicial dejó sin efecto la aplicación del POUM el pasado año. El mismo había entrado en vigor en 2010. El fallo estimó los recursos presentados por las citadas promotoras. Una es la empresa Eco Cala, que presentó un recurso contencioso administrativo por la calificación como zona verde del sector Artillería, al norte de la población, donde inicialmente preveía construir más de 40 viviendas. Por otro lado, también prosperó el contencioso de la sociedad Puerto Olivet 2001, en contra del planeamiento y por motivos similares.

Este fallo obligó al municipio, en el ámbito urbanístico, a volver a regirse por la normativa del Plan General de 1992. Lidl, BBVA y Sareb ahora reclaman que el Ayuntamiento abandone la parásilis y elabore otro POUM. Hasta que esto ocurra, la suspensión de licencias se mantiene y esa tarea puede llegar a alargarse durante cuatro años.

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