La Abogacía del Estado pide 62 años y 8 meses a Bárcenas por el caso Gürtel

Madrid, 21 ene.- La Abogacía del Estado solicita 62 años y 8 meses de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por hechos de la primera época de Gürtel, de 1999 a 2005, y, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, da por acreditada la existencia de una caja B del PP entre 1990 y 2008.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, explica que su intervención en esta causa "lo será sólo a los efectos de perseguir y tratar de obtener reparación de los delitos respecto de los que se encuentran comprometidas sus competencias administrativas".

Por ese motivo sólo acusa de delitos fiscales y, "por su conexidad", de los de falsedad documental, y, en el caso del matrimonio Bárcenas, también acusa por estafa procesal en grado de tentativa.

Su acusación se dirige de este modo contra 20 de los 42 imputados en esta causa: cuatro de ellos en concepto de autores -Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo- y los otros 16 como cooperadores necesarios en los delitos que se imputan a los primeros, entre ellos el líder de Gürtel, Francisco Correa.

Así, además de los 62 años y 8 meses que pide para Bárcenas, la Abogacía solicita 16 años de cárcel para Ortega, 11 años y medio para López Viejo y 7 años y 11 meses para Rosalía Iglesias, en su caso como autora y también cooperadora en los delitos de su marido.

En cuanto a los cooperadores necesarios, reclama para Correa y para el considerado número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, sendas penas de 89 años y seis meses como colaboradores en todos los delitos de Bárcenas, López Viejo y Ortega.

Además acusa a los también extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís de cooperar en los delitos de Bárcenas y pide para el primero una pena de 13 años y 9 meses y para el segundo dos años y seis meses de prisión, misma pena que reclama para el considerado testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez.

Para la Abogacía, "consta acreditada" la "llevanza" por parte Bárcenas, junto al imputado Álvaro Lapuerta, de "una contabilidad paralela o Caja B -denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido partido político entre los años 1990 a 2008".

La Abogacía relata en su escrito que los líderes de la trama Gürtel, Correa y Crespo, distribuían las comisiones por las labores de intermediación de los considerados como autores, una retribución que en el caso de Bárcenas se entregaba tanto en efectivo como "en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados a través de presuntas facturas ficticias", así como de regalos.

Para ocultar la procedencia del dinero, bien obtenido a través de la trama Gürtel o de la caja B del PP, Bárcenas y su mujer crearon "un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas", donde el extesorero llegó a acumular 42 millones de euros.

En 2009, al estallar el caso Gürtel, Bárcenas, ayudado por Yáñez y Sanchís, "procedió a desplegar una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen".

El delito de estafa procesal del que acusa al matrimonio Bárcenas se basa en el intento de hacer aflorar esos fondos ilícitos bajo la "excusa" de que derivaban de operaciones de compraventa de cuadros, que no se han podido acreditar.

A lo que no hace referencia el escrito es a las responsabilidades civiles del PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo, que sí les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.

Lo que sí reclama en concepto de responsabilidad civil son 11,2 millones de euros a Bárcenas, al que le atribuye 17 delitos fiscales por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de los años 2000 a 2009, 1,9 millones a López Viejo, a Ortega 1,2 millones y a Rosalía Iglesias 267.319 euros.