Segundo gran triunfo del Banco Santander en el caso Popular. Si primero consiguieron que la Audiencia Nacional levantara su condición de imputado en el caso, ahora vuelven a lograr que les den la razón en relación a su papel en la causa. La Sala de lo Penal ha sentenciado que la entidad que preside Ana Botín puede seguir pronunciándose sobre todas aquellas cuestiones del procedimiento que no se limiten al ámbito de su responsabilidad civil. Se trata de un criterio muy diferente al que había adoptado el juez instructor y que le afecta de manera directa puesto que muchas de las diligencias que se piden tienen que ver con el proceso de compra del Popular en el año 2017.
La polémica entre el banco y el instructor se remonta a junio de este año. La defensa del Santander se opuso a que algunos de los afectados por la resolución del Popular solicitaran más documentos al considerar que se trataba de peticiones "innecesarias e inútiles". Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama Teixeira, respondió no solo denegando la propuesta la banco sino recordándole que estaban limitados. Esto es, no figuran como acusados ni como acusaciones, sino como responsables civiles en calidad de herederos del negocio del Popular, lo cual a su juicio implicaba que no tenían legitimidad para pronunciarse de las cuestiones de índole penal que plantearan las partes.
La postura del instructor provocó la rápida reacción de la defensa del banco, la cual llegó a plantear que se habían quedado como "meros convidados de piedra" en el procedimiento. Ahora, y tras recurrir ante la Sala de lo Penal, la Audiencia Nacional le vuelve a dar la razón y revoca los autos dictados por el juez en este sentido. De esta manera, el banco que compró el Popular por un euro podrá volver a posicionarse en las peticiones de las partes, tras acordarlo los magistrados de la Sección Cuarta en un auto al que ha tenido acceso La Información. En el mismo, la Sala explica que es una cuestión jurídica "importante y controvertida" porque se trata de delimitar el papel que juegan en las macrocausas los responsables civiles subsidiarios. Tal es el caso del Santander, el cual, ante una eventual condena de los hechos, tendría que rendir cuentas ante la Justicia en nombre del banco que adquirió.
Interés en la venta del banco
Los magistrados razonan que esta responsabilidad cae sobre los que no participaron en la comisión del delito aunque en el caso del Santander tiene especial trascendencia porque se trata de fusiones por absorción de entidades bancarias. La Sección que juzgó los casos de las tarjetas 'black' o Bankia explica que para aunar criterios el Tribunal Supremo adoptó una posición "conciliadora", de modo que se amplía el margen de actuación en un procedimiento pero sin llegar a ostentar las facultades de los investigados que, en este caso, son los expresidentes y altos cargos de la entidad. La Audiencia adopta el criterio del alto tribunal y va más allá al sentenciar que "no tiene sentido" que actores como el Banco Santander tengan mermada su capacidad de respuesta porque con su actuación no perjudican a nadie.
La respuesta de la Sala se conoce en un momento en que la causa se centra en la última etapa del banco. De hecho, las últimas testificales acordadas en el procedimiento fueron las de Ana Botín y el expresidente de Santander España. Rodrigo Echenique. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción se interesaron especialmente en conocer cómo fue el proceso de compra del popular después de que fuera resuelto por la JUR a mediados de 2017. Los dos banqueros explicaron que tantearon la posibilidad de adquirir el banco aunque finalmente no lo hicieron porque consideraron que no era una buena opción. De hecho, en mayo ya contemplaron la posibilidad de que el banco acabara resuelto en parte debido a la intensa fuga de depósitos que estaba sufriendo la entidad esos meses.
Echenique además reveló en sede judicial que se reunión con el último presidente del Popular, Emilio Saracho, en febrero de 2017, apenas días después de sustituir en la presidencia a Ángel Ron. Según expuso, en aquel almuerzo Saracho le confesó que estaba barajando la opción de vender la entidad. El banquero dijo en su interrogatorio que cuando llegó se encontró al popular mucho peor de lo que esperaba y que planteó una serie de alternativas que pasaban por una nueva ampliación de capital o bien por una operación corporativa. Sin embargo, el sector crítico a su gestión sostiene que si el banco perdió más de 16.000 millones en tres meses fue porque desde dentro del consejo se profirió información falsa sobre un estado muy grave de la entidad que tendría como objetivo hacer caer el valor de la cotización. Sobre este extremo se pronunciará este jueves como testigo el que fuera dircom del Popular, Carlos Balado.
En la diana de los perjudicados
El Santander, por su parte, siempre se ha desvinculado de cualquier responsabilidad penal que pudieran tener los anteriores gestores de la entidad y en sus recursos a la Audiencia incluso apelaron a "la muerte" del antiguo banco. Sin embargo, grandes fondos personados como perjudicados y también el Ministerio Fiscal han informado a favor de solicitar documental clave sobre el proceso de compra en aras a esclarecer con qué información concreta contó el Santander antes de comprar la entidad resuelta por el precio simbólico de un euro. Las peticiones sobre las que el Santander no se ha podido pronunciar en este tiempo incluían también una batería de testificales de altos cargos del supervisor y del Banco Central Europeo (BCE) además de cinco imputaciones más de exempleados del banco.
Con el giro auspiciado por la Sala de lo Penal el banco podrá volver a manifestarse sobre estas cuestiones que le afectan de manera directa, tal y como lo entienden los magistrados. De hecho compara esta situación con los partícipes a título lucrativo (figura con la que ha sido condenado en firme el PP en la pieza de la primera etapa del caso Gürtel). "Este tribunal lo que no puede hacer es asumir una cláusula de cierre general y futuro como la incorporada por el instructor en el sentido de inadmitir a trámite en lo sucesivo todos los escritos de dicha entidad que insten diligencias o se opongan a peticiones de otras partes (...). Lo más prudente es examinar caso por caso ponderando los intereses en juego. Solo de esta manera se respetarán los derechos de defensa, de tutela judicial efectiva y se evitarán planteamientos de incidentes de nulidad de actuaciones", sentencian.
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