Revuelo en la causa del Banco Popular tras la decisión del juez de acotar el ámbito de actuación de la entidad que preside Ana Botín. La defensa del Santander, que figura en la causa en calidad de heredero del negocio del Popular, denuncia que ha quedado reducido a un mero "convidado de piedra" en este procedimiento tras la decisión del magistrado José Luis Calama Teixeira de no estudiar a partir de ahora ningún escrito suyo que tenga cariz "marcadamente penal".
El 24 de junio el magistrado adoptó una decisión de calado y decidió que desde ese momento no admitiría a trámite ningún escrito o recurso del banco que no se ciña a su condición como responsable civil subsidiario. Su criterio viene respaldado por la Sala de lo Penal la cual el pasado mes de marzo expuso, según el auto del juez, que el banco carece de legitimación procesal para abordar cuestiones que no sean rigurosamente civiles. Esto quiere decir que la entidad,que llegó a estar imputada en la causa por seguir con el negocio del Popular, no puede pronunciarse sobre diligencias que le afectan directamente, tales como las últimas solicitadas por los grandes fondos que pleitean en el caso.
El magistrado razona que la decisión de la Sala es de "obligado acatamiento" y que, por tanto, de ahora en adelante su intervención procesal quedará reducida a las cuestiones de naturaleza estrictamente civil. Precisamente la misma Sala que ahora acota su ámbito de actuación fue la que obligó al juez a rectificar su criterio y levantó la imputación del Santander. Los magistrados consideraron que no tenía por qué responder penalmente por los negocios del Popular puesto que lo compró tras su resolución. Ahora bien, el banco sigue en la causa para afrontar, en caso de una eventual condena, una responsabilidad civil por los hechos.
Ello implica que el Santander no se va a poder pronunciar sobre petición de diligencias tales como las formuladas por los grandes fondos de inversión acerca de requerir abundante documentación relacionada con el caso a entes como el propio Santander o el Banco de España. De hecho incluso solicitaron al magistrado que acordara una batería de testificales de altos cargos del supervisor y del Banco Central Europeo (BCE) además de cinco imputaciones más de exempleados del banco. El Santander se opuso a esta solicitud aunque su escrito no será tenido en cuenta para el avance del procedimiento que ya suma más de dos años y medio de instrucción.
Este giro ha provocado el rechazo de la entidad que asegura que es "innegable" la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y que el juzgado es "plenamente consciente" de que está restringiendo su capacidad de defensa. "Una instrucción en la que el potencial responsable civil subsidiario, contra quien ya se ha dirigido la acción, sea un verdadero convidado de piedra implicaría la nulidad de las actuaciones practicadas a partir del auto de 24 de junio de 2020", advierte la defensa del Santander que ejerce el abogado Jaime Alonso Gallo. De hecho, asegura que no es una cuestión puntual sino que adopta una decisión que afectará a todas las actuaciones que pida practicar en un futuro, teniendo en cuenta que todavía queda instrucción de la causa.
Reflejo en los imputados
Aunque la postura del juez solo afecta al Santander, sobre su criterio también se han pronunciado otros imputados en la causa. Es el caso del que fuera secretario del Consejo de Administración del Banco Popular, Francisco Aparicio Valls. Según su criterio, limitar de esta manera su actuación le deja en un estado de "permanente indefensión directa" que tiene su reflejo en los antiguos directivos del banco. La tesis mantenida por todos ellos, que rinden cuentas ante la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la ampliación de capital y por filtraciones en prensa de informaciones supuestamente falsas, es que les afecta también ante la actuación de las acusaciones por no disponer de elementos probatorios.
Se refiere el acusado a las pruebas de las que pueda disponer tras heredar el negocio del que fuera sexto grupo bancario del país. Con todo, el magistrado ha decidido dejar en 'standby' la instrucción del caso al menos hasta septiembre, momento en que retomará las testificales que arrancaron antes de la crisis del coronavirus. De este modo, ha acordado reanudarlas el día 17 de septiembre con el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, mientras que el día 30 escuchará al exministro de Economía Luis de Guindos. Le seguirá el 8 de octubre la presidenta del Santander, Ana Botín, y siete días después el presidente del Santander España, Rodrigo Echenique. Estos dos últimos serán preguntados en concreto por la oferta de compra del banco y los posibles competidores que surgieron en ese periodo.
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