Washington, 24 mar.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió hoy medidas cautelares a tres ecuatorianos condenados a prisión por injurias al presidente, Rafael Correa, y vio cómo representantes de Colombia abandonaban una audiencia relacionada con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Esos dos sucesos marcaron la primera jornada de audiencias públicas del 150 periodo de sesiones de la CIDH, organismo autónomo de la OEA con sede en Washington, que escuchó también denuncias sobre Perú, República Dominicana, Argentina y sobre la situación general de los defensores de derechos humanos en todo el continente.
En una reunión al margen de las audiencias, los comisionados aprobaron, por cinco votos contra dos, otorgar medidas cautelares para el legislador opositor ecuatoriano Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio, y el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa, condenados a entre 6 y 18 meses de cárcel.
La medida pide al Estado de Ecuador "suspender la ejecución de la sentencia" emitida el pasado 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia contra Jiménez y Villavicencio, condenados a un año y medio de prisión cada uno, y Figueroa, sentenciado a seis meses de prisión.
La Comisión justifica su decisión "por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrán en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión".
Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron denunciados por el presidente Correa por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el mandatario ecuatoriano estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
La decisión llegó menos de una semana después de que la Comisión aprobara conceder medidas cautelares al destituido alcalde de Bogotá, cuyo rechazo casi inmediato por parte del Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, generó una tensión que este lunes pudo palparse en una de las audiencias.
La CIDH, que tras otorgar las medidas cautelares a Petro insistió en que eran de "obligatorio cumplimiento", ha evitado reaccionar hasta ahora a la decisión de Santos, pero sí ha confirmado que mantiene en trámite una petición para evaluar a fondo el caso de Petro, para lo que ha pedido al Estado colombiano que le envíe comentarios.
El Gobierno colombiano mostró este lunes su desacuerdo con que, de forma paralela a la evaluación del caso de Petro, la CIDH decidiera convocar una audiencia dedicada "la práctica institucional para imponer restricciones a los derechos políticos" en el país andino.
Tras solicitar el viernes sin éxito que dicha audiencia fuera cancelada, los representantes del Estado dieron este lunes unas breves explicaciones y después se retiraron de la audiencia.
"Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso" que la Comisión ha iniciado sobre Petro, indicó Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.
Tracy Robinson y Felipe González, dos de los siete comisionados que integran la CIDH, lamentaron la decisión del Estado colombiano e insistieron que la audiencia no buscaba centrarse en el caso Petro, que no fue mencionado específicamente por ninguna de las organizaciones peticionarias durante la sesión.
La audiencia se centró en analizar si la potestad del Procurador General de Colombia de destituir a funcionarios públicos encaja con la Constitución colombiana o la Convención Americana.
El comisionado Paulo Vannuchi coincidió con los peticionarios en que es "muy clara la necesidad de un remedio constitucional" a esa capacidad del Procurador, dado que se realiza por la vía administrativa y "sin un debido proceso judicial".
En otra audiencia, la CIDH criticó que las medidas tomadas por República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van "en una dirección distinta" de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió explicaciones al Gobierno del presidente, Danilo Medina.
El organismo subrayó que el problema de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana no puede solucionarse con "un plan de regularización de extranjeros", en palabras de González.
Por último, dos organizaciones advirtieron a la CIDH de que la supuesta concentración mediática en torno al grupo de "El Comercio" en Perú puede "acallar las voces" de otros medios que no tienen el mismo poder para acceder a la publicidad, y también generar un sesgo en la información debido a "intereses corporativos".
La CIDH retomará este martes sus sesiones con audiencias sobre las políticas de drogas en las Américas, la pena de muerte en el continente y denuncias sobre Estados Unidos y Cuba, entre otros casos.
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