La corrupción acorrala a la política

Enrique Rodríguez de la Rubia

Madrid, 10 dic.- Las portadas de los periódicos y los "paseíllos" en los juzgados han sido la pesadilla diaria de la clase política durante 2014, acosada por una avalancha de casos de corrupción que no parece tener fin y que ha minado hasta niveles insospechados su ya maltrecha imagen pública.

Nunca en la historia de la democracia la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos había llegado a los niveles de hoy en día, hundiendo las expectativas de voto de los partidos "tradicionales" y dando alas a fenómenos como Podemos, que promete limpiar de corrupción las instituciones.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha ratificado con crudeza ese rechazo ciudadano por la política.

La preocupación por la corrupción repuntó en sólo un mes más de veinte puntos y se situó en su máximo histórico, amenazando la primacía del paro como problema 'número uno' para los españoles.

A los casos Gürtel, ERE y Pujol, que salpican a PP, PSOE y CiU, se han sumado en últimas fechas escándalos como las tarjetas opacas de Caja Madrid, la operación Púnica, o asuntos que ahondan en esa imagen negativa, como los viajes a Canarias del presidente extremeño, José Antonio Monago, en su etapa de senador.

La presión social por esta última polémica, que hace años probablemente no hubiera levantado tanta polvareda ni abierto tantos periódicos, ha obligado al Congreso y al Senado -siempre reacios a los cambios- a establecer un mínimo sistema de control de los viajes de sus señorías.

Por si no fuera suficiente, los daños colaterales por la corrupción se cobraron en el mes de noviembre su primera víctima en el Gobierno.

Ana Mato, ministra de Sanidad y persona cercana a Mariano Rajoy, se veía forzada a dimitir después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considerara que pudo lucrarse de la trama Gürtel a través de su exmarido, Luis Sepúlveda.

Ruz no le imputa ningún delito, pero Mato decidió dejar el cargo para no perjudicar más al Ejecutivo y a su partido.

Ante el descrédito creciente, el Gobierno y el resto de fuerzas políticas llevan meses prometiendo medidas de "regeneración democrática" que, por un lado pongan coto a la lacra de la corrupción y, por otro, recuperen la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

El primer paso fue la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entra estos días en vigor y, en fechas más recientes, la ley de control financiero de los partidos políticos y del ejercicio del alto cargo, todavía en tramitación en el Congreso.

Desde un primer momento, el PP se fijó como objetivo sumar a estos dos proyectos al máximo número de fuerzas políticas, pero después de meses de contactos "discretos" y con las leyes en dique seco a la espera de un acuerdo, el Gobierno ha decidido seguir adelante en solitario.

Imposible el pacto, muy especialmente con el PSOE, Mariano Rajoy acudió al Congreso a finales de noviembre para presentar esos dos proyectos legislativos.

La mayoría de las medidas ya eran conocidas, pero otras modifican leyes de gran calado, como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se crea el delito específico de financiación ilegal de partidos, se endurecen las penas de inhabilitación, y se establece un control parlamentario de los indultos.

Para acelerar la investigación de los casos de corrupción -estancados años y años en los juzgados- se fijan plazos máximos en la instrucción judicial, que serán de seis meses para las causas más sencillas y de 18 meses para los casos complejos, como los relativos a terrorismo, grupos criminales y corrupción.

De forma paralela se amplían los plazos de prescripción de los delitos, para evitar que los corruptos queden sin castigo y se abre una oficina para la recuperación rápida de los bienes de origen ilegal.

Al presentar las nuevas medidas en el Congreso, Rajoy se rebeló contra el "fantasma" de la corrupción generalizada y negó que España esté corrompida.

"España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano", proclamó.

Avisó además de las consecuencias de que se extienda la idea de que todo es corrupción y sólo quede espacio para los "salvapatrias de las escobas", en clara alusión a Podemos.

El PSOE no se fía de la sinceridad de Rajoy, y ha decidido presentar sus propias medidas contra la corrupción.

"Abandone toda esperanza, no espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción porque sencillamente, no les creemos, no son de fiar", le censuró sin ambages el líder socialista, Pedro Sánchez.

Con acuerdo o sin él, la idea del Gobierno era aprobar todo ese paquete de medidas antes de enero, cosa que a todas luces ya será imposible.

La presión del calendario electoral, con comicios municipales y autonómicos en mayo y generales en menos de un año, no ayuda precisamente a la búsqueda de consensos ante un problema que está minando los cimientos de la propia democracia y a los partidos que han pilotado el actual sistema político.

Para entonces, vaticinan algunos, quizá sea demasiado tarde.