La Defensora pide al Gobierno medidas que eviten prescripción del terrorismo

Madrid, 16 mar.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a los ministerios de Justicia e Interior para que estudien en el ámbito de sus competencias la adopción de las medidas "más adecuadas" para evitar la "impunidad" derivada de la prescripción "generalizada" de los asesinatos terroristas.

De este modo, Cava de Llano da traslado de una queja presentada por Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA, en abril de 1981 y cuyo crimen quedó prescrito en 2009.

El pasado mes de noviembre, Garrido pidió el amparo de la Defensora del Pueblo para que los delitos de terrorismo no prescriban y sean juzgados como crímenes contra la humanidad, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La viuda de Latiegui denunciaba que la Audiencia Nacional haya considerado prescrito un delito "que no puede prescribir", porque se trata de un "asesinato de lesa humanidad" realizado en un contexto de "persecución" sistemática por parte de una organización terrorista.

En su acuse de recibo, al que ha tenido acceso Efe, la Defensora del Pueblo reconoce el "problema de justicia evidente" que supone que el asesinato de Latiegui y de "otros muchos" no haya podido ser aclarado en cuanto a las responsabilidades penales correspondientes.

Para evitar esta situación, Cava de Llano se ha dirigido a los ministerios de Justicia e Interior para que adopten las medidas "más adecuadas" para "evitar la impunidad que se produciría por la generalizada declaración de prescripción de estos delitos".

No obstante, la Defensora del Pueblo deja claro que no puede pronunciarse sobre las decisiones judiciales o sobre los criterios jurídicos utilizados para juzgar esos crímenes "que pueden compartirse o rechazarse".

José María Latiegui, director de la empresa "Moulinex", fue asesinado el 14 de abril de 1981 en Usurbil (Vizcaya) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas de los que formaba parte el terrorista José Antonio Zurutuza Sarasola.

Zurutuza acumulaba once causas pendientes en la Audiencia Nacional, pero solo ha podido ser juzgado y condenado a 46 años de cárcel por el asesinato en 1982 del delegado de Telefónica en San Sebastián Enrique Cuesta, y su escolta, Antonio Gómez.

Durante el juicio contra Zurutuza celebrado en la Audiencia Nacional en febrero de 2010, la familia de Latiegui fue expulsada de la vista por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, por exhibir pancartas exigiendo que se celebre un juicio por su muerte.