La derecha brasileña reeditará marcha que sirvió de antesala al golpe de 1964

  • Grupos de la derecha brasileña han convocado para mañana a una marcha que reeditará una manifestación realizada en 1964, que preparó el terreno para el golpe militar que el 1 de abril de ese mismo año derrocó al presidente Joao Goulart.

Brasilia, 21 mar.- Grupos de la derecha brasileña han convocado para mañana a una marcha que reeditará una manifestación realizada en 1964, que preparó el terreno para el golpe militar que el 1 de abril de ese mismo año derrocó al presidente Joao Goulart.

Esa asonada militar instauró una dictadura que se prolongó hasta 1985 y tuvo como antesala la "Marcha de la Familia con Dios por la Sociedad", que se realizó el 19 de marzo de 1964 en Sao Paulo y congregó, según diversas fuentes, a unas 100.000 personas que exigían a las Fuerzas Armadas "detener el avance del comunismo".

La convocatoria para las marchas que mañana pretenden tomar las calles de decenas de ciudades del país ha sido lanzada por grupos de militares retirados y sectores de derechas que tildan de "comunista" al Gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).

En su juventud, la actual presidenta estuvo vinculada a grupos que se alzaron en armas contra la dictadura; fue detenida; pasó más de dos años en prisión y fue víctima de torturas.

El ministro de Defensa, Celso Amorim, aseguró la semana pasada a corresponsales extranjeros que "ningún militar activo participa de esa convocatoria" y garantizó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la democracia.

El supuesto avance del "comunismo" que esgrimen hoy esos grupos fue la excusa para el golpe de 1964, que sumergió a Brasil durante 21 años en un clima de violenta represión y censura; que dejó miles de muertos, unos 400 desaparecidos y llevó a millares al exilio.

Goulart, derrocado el 1 de abril de 1964, había sido elegido vicepresidente en 1960, como compañero de fórmula de Janio Quadros, quien renunció a su mandato en agosto de 1961.

Días antes de su renuncia, Quadros había recibido y condecorado al argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, entonces ministro de Industria de Cuba y emblema de la revolución encabezada por Fidel Castro.

Tras la dimisión de Quadros, forzada por la derecha, Goulart asumió la presidencia e inquietó más a esos sectores, que desconfiaban de sus conocidos vínculos con China y Cuba, con el Partido Comunista y con el socialdemócrata Leonel Brizola, que era uno de sus padrinos políticos y también su cuñado.

Goulart le imprimió a su gobierno un fuerte tinte progresista y se comprometió a promover un programa de "reformas de base", que en plena Guerra Fría alertaron a Estados Unidos y a los sectores más conservadores de la sociedad brasileña.

Anunció esas reformas en un multitudinario acto celebrado en Río de Janeiro el 13 de marzo de 1964, que, según muchos analistas, dio pie a la reacción conservadora, que ya conspiraba contra el régimen democrático junto con los militares.

Documentos desclasificados por Estados Unidos en los últimos años han revelado que la Casa Blanca y el Pentágono también alentaron el movimiento que finalmente derrocó a Goulart durante la madrugada del 1 de abril de 1964.

Goulart murió finalmente en el exilio, en la ciudad argentina de Mercedes en 1976.

Oficialmente se dijo que falleció víctima de un ataque cardíaco, pero aún se investiga si fue envenenado en una operación que habría sido parte del Plan Cóndor, articulado por las dictaduras que imperaban en la época en el Cono Sur.

El Gobierno de Dilma Rousseff no se ha pronunciado sobre la convocatoria para mañana, que también incluye un firme rechazo a una Comisión de la Verdad instalada por la presidenta para establecer la "verdad histórica" sobre la represión durante la dictadura.

Esa comisión tiene, sin embargo, límites legales marcados por una amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura, aún en vigor y que benefició tanto a guerrilleros como a los represores del régimen.

La amnistía fue contestada en 2010 por movimientos sociales que pidieron su nulidad ante el Supremo Tribunal, pero la corte se pronunció en favor de su "constitucionalidad", con lo que sigue en vigor e impide juzgar a los acusados de delitos de lesa humanidad registrados entre 1964 y 1985.

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