La exdirectora de Justicia fue quien firmó los contratos irregulares

Vitoria, 7 feb.- La exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia Inmaculada De Miguel fue quien firmó entre los años 2000 y 2009 los contratos irregulares detectados en el Departamento vasco de Justicia cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA) y cuyo importe supera los 23 millones de euros.

Así lo revela el expediente de 30 folios elaborado por el Gobierno Vasco, según han indicado a Efe fuentes conocedoras de este informe, que será remitido a la Fiscalía para investigar quién autorizó que se firmaran dichos contratos sobre mejoras informáticas en la Administración de Justicia en Euskadi.

Del total de cerca de 60 contratos informáticos suscritos en el periodo investigado por el Ejecutivo vasco, entre 2000 y 2009, se han detectado irregularidades en "una quincena", según ha denunciado hoy la portavoz del Gobierno autonómico, Idoia Mendia, y todos ellos están firmados por De Miguel.

Esta jurista fue contratada en 1995 cuando estaba al frente de la Consejería de Justicia Ramón Jáuregui, siguió en ese cargo cuando fue nombrado consejero el también socialista Francisco Egea y continuó con Azkarraga.

Esta directora, que se mantuvo en el cargo entre 1995 y mayo de 2009, recibió incluso el Premio Manuel de Irujo 2009 y el jurado destacó precisamente sus 14 años de servicio público, en los que, según se dijo entonces, contribuyó de forma "definitiva" a poner en marcha actuaciones que permitieron modernizar la Administración de Justicia.

Sin embargo, tras la investigación llevada a cabo por el Gobierno Vasco, se ha sabido que firmó cerca de quince contratos con distintas empresas informáticas, que no superan la decena, y pese a que el Departamento de Justicia pagó por los trabajos encargados, algunos ni siquiera se iniciaron y el resto todavía hoy no se han ejecutado en su totalidad.

Además, algunas de las aplicaciones informáticas para implantar el sistema de gestión procesal llamado JustiziaBat, para poner en marcha la nueva Oficina Judicial o para desarrollar el expediente judicial electrónico, fueron contratadas y pagadas varias veces.

En su informe a la Fiscalía, el Gobierno Vasco concluye que todos esos pagos "sólo fueron posibles al ejecutar la Oficina de Control Económico la orden de abono dada desde la dirección promotora de la contratación", es decir la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia.

También señala que todas las facturas contaban "con la firma de su directora, Inmaculada De Miguel Herrán", mientras que no se menciona en ningún momento al consejero del Departamento, Joseba Azkarraga.

A raíz del anuncio de investigación encargado a la Fiscalía por el Gobierno Vasco, Eusko Alkartasuna ha anunciado que se investiguen estos hechos hasta el final y que no descarta proponer la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, además de personarse como acusación particular en el caso.