La Fiscalía descarta la existencia de una trama organizada de robo de bebés

Madrid, 16 sep.- La Fiscalía General del Estado descarta en la Memoria de la institución correspondiente a 2012 la existencia de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés.

Los hechos investigados en relación con la sustracción de menores recién nacidos en España "se sitúan en contextos espaciales y temporales muy diversos, y remiten a múltiples personas y centros hospitalarios, sin que se hayan detectado -al menos hasta la fecha- indicios de planificación común o de conexión relevante entre ellos", según el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía General del Estado "no ha cejado en su empeño de esclarecer" las denuncias por sustracción de niños recién nacidos presentadas tanto por asociaciones de afectados como por particulares en los dos últimos años.

Para ello se ha desplegado "una intensa actividad" tanto en el plano institucional, por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, como en la investigación de campo desarrollada por las Fiscalías territoriales, que han tratado de "agotar todas las líneas posibles de indagación material de los hechos".

La labor de las Fiscalías territoriales se ha orientado a "perseguir criminalmente las conductas ilícitas" que pudieran revelarse en las investigaciones y satisfacer "las legítimas expectativas de los denunciantes" de alcanzar un conocimiento cierto del paradero de los niños cuya sustracción denunciaron o disipar las dudas que hubieran podido abrigar sobre tal sustracción.

Las dificultades que se han tenido que sortear "no han sido pequeñas", tanto en las pesquisas desplegadas para el esclarecimiento de los hechos como a la hora de precisar la calificación penal más ajustada y la eventual prescripción de la responsabilidad criminal, resalta la Fiscalía.

En las Fiscalías territoriales, se han formalizado diligencias de investigación penal independientes para cada caso, evitando la formación de causas generales o colectivas, y, cuando ha sido necesario y posible, se han ordenado exhumaciones y pruebas biológicas de identificación de restos.

Los decretos de archivo, cuando se han dictado, han sido debidamente justificados en la previa comprobación del fallecimiento del niño supuestamente sustraído o en la ausencia de indicios racionales que permitan sustentar una acción penal viable ante los tribunales.

En ningún caso, el archivo se ha sustentado en la prescripción de los hechos investigados, ya que se ha considerado pertinente que antes de efectuar un pronunciamiento de esta clase se agoten todas las líneas de investigación.

Las diligencias más empleadas han sido la toma de declaración de los denunciantes, el rastreo de fuentes documentales de distinta naturaleza y pruebas periciales para cotejar el ADN de los restos hallados en los enterramientos con los de los progenitores denunciantes.

En 2012, varios cotejos han permitido comprobar la coincidencia del perfil del niño inhumado con el de familiares directos y, al cierre del año, se estaba a la espera de recibir las conclusiones de otros varios.

El principal problema es la lejanía temporal de los hechos denunciados, ya que la mayor parte de las denuncias interpuestas en los años 2011 y 2012 tratan sobre hechos ocurridos décadas atrás.

Algunas Fiscalías consideran que la actividad de las asociaciones de afectados y el impacto mediático de los casos denunciados han actuado como factor desencadenante, en la medida en que han podido alimentar las sospechas de personas que anteriormente no se habían cuestionado la veracidad del fallecimiento de sus hijos o familiares recién nacidos.

Las Fiscalías coinciden en señalar que el paso del tiempo ha conducido a la desaparición de fuentes de prueba cruciales, particularmente documentales, ya que resulta muy difícil localizar historiales clínicos de madres y de sus bebés de cierta antigüedad -antes de los años ochenta-, registros de los cementerios o registros oficiales.

En algunos casos, las pruebas testificales se ven imposibilitadas por el fallecimiento o enfermedad de muchas de las personas que asistieron a los partos o que estuvieron presentes en hospitales o cementerios cuando ocurrieron los hechos.

Las exhumaciones han constituido una de las diligencias de mayor peso probatorio, pero, en la práctica, su número ha sido escaso, ya que en los años a los que se remontan las denuncias los restos de los recién nacidos y de las criaturas abortivas se solían depositar en fosas comunes o en sepulturas, que al no renovar los derechos de enterramiento eran removidas a osarios comunes, lo que hace remota la posibilidad de localizar los restos para la toma de muestras.

En ocasiones, una vez localizado el lugar de inhumación, el deterioro que han sufrido a lo largo de los años los restos de los neonatos puede impedir la obtención de muestras viables para el análisis de su ADN, que requiere la recuperación de huesos de cierta longitud.