La Fiscalía mantiene su petición de 33 años por quemar un cajero en Barakaldo

Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado a definitiva su petición de 33 años de cárcel para los cuatro acusados de formar un grupo de "kale borroka" y de haber participado en la quema de un cajero automático en febrero de 2008 en Barakaldo (Vizcaya).

La fiscal Teresa Sandoval ha asegurado que la autoría de Sendoa Aratz, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez "ha quedado probada por las cintas de seguridad" de la sucursal bancaria del BBVA donde se produjeron los hechos y "por las evidencias" de las que se extrajeron muestras de ADN y que, según varios policías, "se correspondían con el perfil genético" de los acusados.

Asimismo, Sandoval ha querido llamar la atención sobre la importancia que tuvo la rápida actuación de la policía, que se personó en el cajero unos minutos después de que comenzara el fuego, y ha recordado las palabras de un ertzaina que testificó el pasado martes: "Apagamos el fuego directamente, sin avisar a los bomberos, porque si esperamos a que lleguen, allí no queda nada".

Las defensas han pedido la libre absolución de los acusados, han asegurado que "no hubo ningún peligro" para los vecinos del edificio donde se encontraba la sucursal y han solicitado al tribunal que tenga en cuenta la declaración de dos bomberos, que hoy han dicho que "el fuego se sofocó solo" en décimas de segundo y que el techo del local estaba fabricado con un material que no puede prender.

Estos peritos, que han sido propuestos por las defensas, también han declarado que las cintas de seguridad demuestran que los agentes policiales no necesitaron los extintores porque "el fuego se había combatido solo" por la falta de oxígeno, y que "de la forma en la que se hizo", el incendio únicamente pretendía dañar el cajero y no poner en peligro a la comunidad de vecinos.

La representante del Ministerio Público, sin embargo, ha dicho que "no cabe ninguna duda de que existía un peligro abstracto" para multitud de personas y ha manifestado que el fuego "no fue la llamita que ardió a la que aluden los peritos de las defensas, porque hay un informe policial que estima que los daños ascienden a 35.559,37 euros".

Por su parte, las defensas han dicho sentirse "desoladas" por la petición de 33 años de prisión para sus defendidos, y han argumentado que las evidencias encontradas en sus domicilios -una bombona de cámping gas, unos tirachinas y varios petardos- pueden utilizarse para "hacer una tortilla, para tener un recuerdo de Lanzarote y para fiestas y celebraciones", respectivamente.

Los letrados han subrayado que se piden ocho años de cárcel por un delito de tenencias de aparatos y sustancias incendiarias y explosivas cuando, según ellos, "sólo tienen petardos que están al alcance de cualquiera y una garrafa de 2,5 litros de gasolina".

Los abogados también han recriminado a la Fiscalía que durante la vista oral no haya esclarecido cuál es la organización terrorista a la que presuntamente pertenecen sus defendidos, y han recordado a la sala que "según el Tribunal Supremo, pertenecer a un grupo terrorista implica hablar en su nombre o tener documentos de uso interno".

Por todo ello, las defensas han dicho que la pena solicitada por la Fiscalía -33 años por los delitos de integración en organización terrorista, incendio terrorista y tenencia de aparatos y sustancias incendiarios y explosivos- es "sorprendente".