La Junta andaluza se opone a dar a la juez las actas de los consejos de Gobierno para indagar los ERE

Sevilla.- El Gobierno andaluz ha acordado hoy no entregar a la juez Mercedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años, tal y como pidió la magistrada como parte de la investigación de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años, como había solicitado la juez.

El Ejecutivo andaluz enviará al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso".

El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos y va proponer al juzgado la remisión de los documentos a través, no de las actas, sino de otras vías como certificados de los acuerdos del Consejo de Gobierno que estén relacionados con el asunto.

En el caso "improbable" de que la juez no lo acepte, el Gobierno de la Junta entenderá que "se entra en un conflicto de competencias", por lo que en esa hipótesis baraja denunciar el asunto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo (TS).

"La juez y la Junta están montados en el mismo barco", ha sentenciado Moreno, que, sin embargo, ha explicado con anterioridad que la petición de la magistrada sobre las actas del Consejo de Gobierno afectan al ámbito competencial del Ejecutivo, cuyas competencias son "irrenunciables y deben ser defendidas en base a principios del derecho, la Constitución y la separación de poderes".

Según los servicios jurídicos de la Junta, la potestad de hacer públicas las actas es "exclusiva" del Ejecutivo andaluz y la solicitud de la juez es "inédita" en España y supone un "claro conflicto de poderes".

"La remisión de las actas de forma generaliza no es legal, va más allá de lo razonable y atenta contra la potestad y la ley del Gobierno de la Junta", ha esgrimido Moreno, quien ha pedido a la juez Mercedes Alaya que reconsidere la petición "generalizada".

La Junta, por tanto, está dispuesta a entregar certificados de todos los acuerdos e informes que solicite el juzgado relacionado con el caso "sin ningún tipo de límites", un aspecto que la portavoz ha recalcado al rechazar que se pretenda ocultar datos ni dilatar la investigación en el resto de procedimiento.

"Ofrecemos otra vía alternativa que no incumpla la ley del Gobierno si se levanta la reserva sobre las actas pedidas sin motivación y absolutamente discriminada", ha criticado.

Pese a las críticas, la portavoz ha dicho que no tiene "la menor desconfianza" en la juez que instruye el caso ni cree que haya una causa general contra la Junta, a la vez que ha destacado la "incuestionable" colaboración de la Junta con el juzgado, pero "respetando" la ley del Gobierno de la Junta.

Además, ha aclarado que la intención del Gobierno autonómico "no es convertir los procedimientos en ningún tipo de conflicto" con el juzgado número 6 porque "perseguimos los mismos objetivos, que es investigar y buscar a los culpables".

Preguntada por el hecho de que la Intervención de la Junta haya pedido siete veces que se comunicara a Griñán las irregularidades en el uso del dinero destinado a los ERE, como publica hoy "El Mundo", la consejera ha respondido: "Lo relevante no es que haya uno, cinco o siete informes. Lo relevante es que ningún informe detectó un fraude como el que se estaba cometiendo. Quien quiso aprovecharse y saltarse los controles lo hizo".