Sevilla, 7 dic.- La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha rechazado hoy que la Junta de Andalucía cometiera algún error o hiciera una mala gestión jurídica en la reclamación de 90 millones de euros a la multinacional Boliden Apirsa por la limpieza del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar en abril de 1998.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Moreno ha defendido la gestión de la Junta en este caso tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la reclamación que hicieron a la empresa minera, y ha anunciado que el 2 de diciembre plantearon un "conflicto negativo de jurisdicción" para que les digan la vía que deben emplear en este caso.
Tras apuntar que la Junta "no renuncia de ninguna manera" a recibir el dinero reclamado, Moreno ha afirmado que la sentencia del Supremo no supone "ningún varapalo" para la Junta porque, en el fallo judicial, el propio tribunal reconoce que el "proceloso" camino jurisdiccional en este caso no es imputable a la Junta.
Moreno ha recordado que ninguna de las sentencias sobre este caso entran en el fondo del asunto, y ha señalado que la Junta primero acudió a la vía civil, lo que desestimaron los tribunales, y luego le dijeron que lo hicieran ante la contencioso administrativa, lo que ahora rechaza el Supremo sólo "por las formas".
"En este peregrinaje judicial se está produciendo un vacío de hecho que no estamos dispuestos a admitir", ha señalado Moreno antes de lamentar que la Junta sufre una "situación de denegación de acceso a la Justicia" y por lo que han planteado el conflicto jurisdiccional.
Respecto a las críticas del PP por la actuación de la Junta en este caso, la portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado que "hay una reiteradísima jurisprudencia" de la sala de conflictos de Supremo en la que se exige que exista una sentencia firme, como la última dictada, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Lo ocurrido judicialmente en este caso "no responde a ningún error o a una ineficacia de los servicios jurídicos" de la Junta, ha concluido Moreno.
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