Caldas da Rainha (Portugal).- La apertura de un juicio en Portugal en el que, por primera vez, se sienta en el banquillo un supuesto etarra por delitos cometidos en este país, ha sacado a la luz los intentos de ETA por actuar desde suelo luso.
Los tres magistrados que juzgan hoy y mañana a Andoni Zengotitabengoa cuentan con cientos de documentos de las autoridades portuguesas y españolas y van a escuchar más de treinta testimonios sobre los delitos, relacionados con el terrorismo, que se imputan al acusado.
El juicio que se celebra en Caldas da Rainha saca a la luz pública los detalles, hasta ahora secreto del sumario, sobre la base de operaciones montada por la organización terrorista en Portugal y sus planes para organizar desde allí atentados en España.
Zengotitabengoa, que ha estado año y medio en prisión preventiva en Lisboa, esta acusado de pertenecer a ETA y de preparar uno de sus mayores arsenales.
El depósito con mas de una tonelada de explosivos fue encontrado casi por casualidad en la turística localidad de Obidos, una pintoresca villa que cada año organiza un colorista festival de caballeros y damas medievales, y donde ETA preparaba grandes atentados en suelo español.
El presunto etarra que hoy se sienta en el banquillo habitaba el chalet de las afueras de la ciudad donde fueron encontrados los explosivos junto a Oier Gómez, detenido en Croze (Francia), en abril pasado tras huir de un control policial galo.
Ambos vivían bajo identidades falsas y, según la policía, almacenaban y montaban explosivos para la organización.
Un total de 300 kilos, entre más de una tonelada hallada en Obidos, estaban listos para ser detonados de inmediato y la policía lusa encontró planos de ciudades españolas con indicios de que iban a ser blanco de atentados.
ETA ha utilizado en los últimos años varios automóviles alquilados en Portugal para sus desplazamientos y atentados en España y las autoridades de ambos países habían detectado también la presencia de sus activistas en suelo luso.
Pero hasta el hallazgo de Obidos, uno de los mayores arsenales capturados a la organización terrorista, no se confirmó la existencia de una base etarra en Portugal que iba a reforzar la estructura de la organización en Francia y España.
En enero del año pasado, un mes antes de que la policía encontrara ese depósito clandestino, una pareja buscada por su pertenencia a la organización terrorista fue detenida cerca de la frontera española.
Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón trasladaban hacia Portugal, supuestamente a Obidos, una furgoneta con materiales para fabricar explosivos, y huyeron al otro lado de la frontera cuando fueron interceptados por un control policial español.
Ambos fueron entregados el año pasado a la Justicia española mientras Zengotitabengoa permanecía en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad de Lisboa, a la espera del juicio abierto hoy.
El acusado fue detenido en marzo de 2010 en el aeropuerto de la capital portuguesa cuando intentaba huir a Venezuela disfrazado y con un pasaporte mexicano falso.
Según la reconstrucción policial Zengotitabengoa y Gómez, temerosos de que siguieran su pista, habían abandonado un mes antes, una noche de febrero del año pasado, de forma precipitada, la casa de Obidos, que quedó con la puerta abierta y las luces encendidas.
Cuando unos vecinos avisaron días después a la policía, los agentes se toparon con un enorme arsenal que tuvo que ser detonado, en medio de fuertes medidas de seguridad, en una cantera cercana.
Los inquilinos del chalet fueron identificados por las cámaras de seguridad de un supermercado y Zengotitabengoa, de 32 años, está ahora acusado de actividades terroristas, tenencia de armas, hurtos, falsificación y resistencia a la autoridad, delitos que podrían acarrearle un sentencia de varios años de cárcel.
En España está reclamado también por su vinculación con ETA pero, a diferencia del caso de García Arrieta y Ortiz de Barrón, la Justicia lusa optó por condicionar su entrega a que responda primero de las acusaciones en este país.
El magistrado portugués Paulo Coelho, que preside el juicio, debe decidir ahora qué penas le corresponden en una primera sentencia apelable y prevista para finales de este año.
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