La ley de transparencia, abierta en canal

Laura Ramos

Madrid, 5 abr.- Siete meses después de llegar al Congreso, la ley de transparencia está abierta en canal por la decisión de incluir a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y, sobre todo, a la Casa Real, en un proyecto enfocado en un principio sólo a las administraciones públicas.

La incorporación de los partidos, acordada en el debate del estado de la nación, es para la oposición, consecuencia de la gran repercusión del caso Bárcenas, mientras que la inclusión de la Casa del Rey es una respuesta al caso Nóos, en el que esta semana ha sido imputada la infanta Cristina.

La idea del Ejecutivo es debatir con el resto de fuerzas políticas cómo incluir a la Corona en esta ley, teniendo en cuenta que no se trata de una administración pública más, sino de una institución que debe tener un tratamiento similar al de las Cortes o el Poder Judicial.

Para el PSOE, lo importante es el "gesto de transparencia" que supone la inclusión de la Casa del Rey en la futura norma y que eso sirva para transmitir una "imagen de homologación con las administraciones públicas".

Aunque su ponente Meritxell Batet reconoce que los socialistas no tienen aún una postura "absolutamente definida" sobre hasta dónde debe ser transparente la Corona, avisa de que el objetivo nunca debe ser el "morbo" y sostiene que los miembros de la Casa del Rey "pueden hacer lo que quieran con su asignación personal".

Batet cree que el "grueso de la ley se puede mantener como está" y propone "prever cosas distintas para los nuevos sujetos".

Esto permitiría excluir a esos nuevos sujetos (partidos políticos, Casa Real, organizaciones sindicales y empresariales) de las sanciones que el PSOE tiene previsto proponer en sus enmiendas para las administraciones públicas que no cumplan con los requerimientos de transparencia.

"La ley está abierta en canal y la introducción de nuevos sujetos conllevará cambios, pero son muy delicados e implican muchas cosas", observa la diputada socialista.

Desde CiU, Jordi Jané apunta que los criterios de transparencia para la Corona deberían ser los mismos que se fijen para las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas y el resto de instituciones públicas.

"Seguro que se establecerá la fórmula para que todo aquello que se financia con dinero público y tiene valor institucional sea conocido", apuesta el parlamentario catalán, y defiende que lo importante es hacerlo por consenso de los principales grupos.

Algunos ponentes creen que merecería la pena tirar a la basura el texto actual y hacer un proyecto nuevo: "la ley habría que cambiarla por completo", sostiene el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, para quien hubiera sido un "disparate" dejar a la Casa Real fuera de la ley de transparencia.

"La gente hubiera interpretado que se querían proteger prácticas corruptas", advierte, al tiempo que reclama que la futura ley obligue a la Casa del Rey a informar de su "agenda pública", de la ejecución de su presupuesto, de las actividades privadas que pueden tener influencia pública y de sus participaciones en empresas.

El jurista y parlamentario del PNV Emilio Olabarría coincide en que sería una "aberración" no incluir a la Corona en "todos sus ámbitos".

Esto supone, a su juicio, que la Casa Real debería no sólo dar cuenta de la ejecución de los presupuestos con los que se financia, sino también someterse al "control de sus actividades, incluidas las de representación internacional del Rey, a las que se les da una gran dimensión, pero que no sabemos hasta dónde llegan".

Olabarría cree que "todos los gastos de la Casa Real deberían estar sujetos a la ley de transparencia", sin más limitaciones que las derivadas del derecho a la intimidad, la protección de datos y la ley de secretos oficiales.

También la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) defiende que la ley de transparencia debe facilitar que sean auditados "todos los conceptos opacos en torno a lo que cuesta a los ciudadanos la familia real", lo que, según sus cálculos, suma decenas de millones de euros, entre gastos de seguridad y mantenimiento de patrimonio y parque móvil.

El parlamentario de IU Joan Josep Nuet aboga incluso por que se publiciten los "negocios privados que desarrolla la familia real utilizando un prestigio que se ha labrado con fondos públicos".

Como ejemplo pide que "se conozcan los negocios del Rey con las monarquías del Golfo" y afirma que le gustaría saber si Don Juan Carlos "cobra comisión por abrir mercado a las multinacionales españolas tanto en el Golfo, como en América Latina, o si se las cobra (la princesa) Corinna".

En su opinión, esto sería legal, pero "inmoral" y, si no está prohibido, al menos debería ser "público", como lo son -señala- los negocios de la Reina de Inglaterra.