La mala gestión de la costa le cuesta a españa más de 100 millones de euros al año, según greenpeace

La deficiente gestión que se lleva a cabo de las costas españolas le supone al Estado un coste de más de 100 millones de euros cada año, según concluye Greenpeace en la duodécima edición de su informe 'Destrucción a toda costa 2012'.
El documento, presentado este jueves en rueda de prensa, realiza, a través de varios ejemplos, un análisis económico y ambiental de la actual gestión costera y de las consecuencias de la inminente reforma de la Ley de Costas.
Según explicó Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, la organización ha comprobado cómo la mala gestión costera (con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos) supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en "parches", que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa.
Por otro lado, Greenpeace recuerda que España se enfrenta a tres procedimientos de la Unión Europea por contaminación de las aguas costeras, que pueden acabar en una multa de 100 millones de euros. En su informe, la organización deja constancia de que, además, la política actual de costas no está teniendo en cuenta la amenaza del cambio climático.
Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Marcos indicó que actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado.
El estudio subraya que la mala gestión también se traduce en pérdidas. Así, Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro.
Por comunidades autónomas, los casos analizados más representativos son, por ejemplo, el gasto de 852 millones de euros al que tendrá que hacer frente Galicia debido al cambio climático, o los 38,5 millones que cuesta "esconder" los lodos contaminados de Fertiberia (Huelva).
Regenerar las playas de Barcelona costó en cuatro años (2008-2011) 33 millones de euros, y en la Comunidad Valenciana 125 millones en tres años (2009-2011). "Un mes duró el millón de euros de playa regenerada en Blanes (Girona), que literalmente se va al mar en cada temporal de invierno", señaló la responsable de Costas de Greenpeace.
La gestión de la contaminación de las rías gallegas supone una factura de 346 millones de euros y derribar 663 viviendas ilegales en Cantabria le cuesta al Estado en torno a 243 millones.
Según la organización ecologista, el mayor perjudicado de esta política es el turismo, con un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos. El informe desvela que entre 115 destinos turísticos mundiales, la Costa Brava (Cataluña), las islas Baleares y las Canarias aparecen en los últimos puestos en valoración de excelencia. De esos 115, la Costa del Sol (Andalucía) ocupa el último lugar por falta de atractivo estético y su escasa calidad ambiental.
"Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral y, con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura", declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.
Rodríguez insistió en que "España no podrá salir de la crisis si continúa su huida hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas". "Es un suicidio económico", apostilló.
Una de las soluciones que propone la organización ecologista para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que se genera cada año sólo en turismo costero), vinculando éste a la sostenibilidad.
Considera que con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (que implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc) y se comprarían terrenos costeros para su protección.
Greenpeace reclama en el informe una profunda reflexión en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en la costa española. Sin embargo, puntualiza, el planteamiento del actual Gobierno en la próxima reforma de la Ley de Costas parece obedecer a "un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades" en el litoral con reformas "a la carta" de dicha normativa.
En opinión de la organización, en la nueva reforma se debe desarrollar una Estrategia de Gestión Integrada de la Costa, en concordancia con las políticas internacionales. "Es necesario abordar un sistema impositivo, o fiscalidad ambiental, para las actividades que más destruyen el litoral o la imposición de una ecotasa para la industria turística", añade.