Madrid, 14 feb.- A falta de conocer el texto íntegro de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la reforma aprobada hoy por el Gobierno ha sido recibida con cautela por el sector cultural y por el principal grupo de la oposición, partidarios de profundizar y ampliar la interlocución durante su tramitación parlamentaria.
Así, el portavoz socialista en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, Andrés Torres Mora, ha dicho en una valoración inicial que para el PSOE ha faltado "un diagnóstico riguroso de la situación" y un "diálogo sustantivo" con los actores afectados para alcanzar un "consenso sólido".
"Preocupada" por la redacción actual de la ley se ha mostrado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que espera que el proyecto sea "sensiblemente mejorado", pues, a pesar de los últimos cambios introducidos, "sigue colocando al sector cultural en España en desventaja con respecto al de otros países de nuestro entorno".
En concreto, la SGAE ha pedido reforzar los mecanismos para combatir "con mayor firmeza el uso ilegal de contenidos, fundamentalmente los digitales", y "evitar que España se convierta en un paraíso para las compañías tecnológicas multinacionales que apenas pagan aquí sus impuestos, ni crean puestos de trabajo".
Además ha señalado que "no ha puesto en ningún momento en cuestión" las medidas para reforzar la transparencia de entidades que, como ella, se dedican a la gestión de derechos colectivos, mostrándose a favor de las mismas.
Más contundente a este respecto se ha sido la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), que ha exhibido un "rechazo frontal" a lo que considera "un planteamiento intervencionista en derechos que son privados".
Su presidente, Antonio Guisasola, ha destacado que la nueva regulación del concepto legal de copia privada podría derivar en una "fuente de conflicto", al convertir en actividades ilegales "muchas conductas que estaban admitidas socialmente" hasta ahora.
Por último, ha coincidido con la SGAE en pedir actuaciones más "claras y radicales" contra las páginas web que faciliten el acceso a contenidos ilegales, aunque ha valorado la posible incoación de medidas contra las "fuentes de ingresos" de estas páginas, esto es, intermediarios y anunciantes.
También la Coalición de Creadores ha lamentado que el proyecto "se quede corto" en cuestiones esenciales y, por ejemplo, "no apueste por las herramientas más eficaces para garantizar la retirada ágil y efectiva de los contenidos ofrecidos ilícitamente en internet".
Asimismo, han coincidido con Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en recordar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica que enlazar a webs con contenido no autorizado es ilegal.
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