Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó hoy a Irán que investigue las acciones policiales y judiciales que han llevado a la detención y encarcelamiento de miles de manifestantes desde las pasadas elecciones y pidió que se respeten plenamente los derechos humanos en el país.
El Consejo adoptó hoy el informe sobre Irán elaborado tras el Examen Periódico Universal de ese país, una evaluación sobre derechos humanos a la que tienen que ser sometidos todos los miembros de la ONU.
El informe recoge más de 160 recomendaciones, muchas de ellas relacionadas con la suerte de los miles de manifestantes detenidos, encarcelados y juzgados tras las protestas por los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
"Dejar en libertad o acusar ante un tribunal -de forma consistente con los estándares internacionales de respeto a un juicio justo y en conformidad con la Constitución iraní- a todas las personas detenidas en conexión con las manifestaciones que siguieron las elecciones presidenciales del 2009", solicita una de las recomendaciones.
"Garantizar el acceso a una representación legal de todos los detenidos relacionados con las manifestaciones tras las elecciones presidenciales", "otorgar información sobre el estado de los detenidos a sus familias y permitir el acceso a defensores legales", piden otras.
En la misma línea, otras recomendaciones requieren al gobierno iraní que "busque responsabilidades entre los miembros de la policía, los militares, los funcionarios de prisiones y la Justicia por cualquier forma de violación de los derechos humanos de los detenidos, especialmente la tortura".
Para lograrlo, el informe insta al Gobierno iraní a que lleve a cabo una investigación independiente que investigue todas las acusaciones de detenciones arbitrarias y de malos tratos.
Asimismo, el documento insta al Gobierno a que se asegure que las fuerzas policiales y militares, así como las milicias Basij, no impiden el disfrute del derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea.
El texto también solicita que se eliminen del código penal artículos "abiertos a la manipulación política", como las "Ofensas contra la Seguridad Nacional e Internacional".
Para ayudar en dicho esfuerzo, el informe solicita a Irán que acepte las visitas de los distintos relatores especiales de Naciones Unidas, dado que según el Consejo hay varias áreas en la que el respeto a los derechos humanos básicos están en peligro.
Una de las señaladas es la libertad religiosa y el respeto a las minorías.
En este sentido, el texto incluye varias referencias a la comunidad Baha'i, y solicita que haya juicios justos para los que estén detenidos.
Asimismo, el informe solicita que "se reconsidere la inclusión de la apostasía, brujería y herejía como ofensas capitales en el nuevo código penal".
Varios países solicitaron, asimismo, que se aplique una moratoria de la pena de muerte a los menores de 18 años.
Otro de los aspectos tratados es la necesidad de que Irán respete la libertad de expresión y por ende el trabajo de los periodistas, quienes deberían estar especialmente protegidos, así como los defensores de los derechos humanos.
Varias recomendaciones versaron sobre el derecho de las mujeres y solicitaron que éstas tengan igualdad ante la ley.
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