La oposición critica la "urgencia" del PP para limitar la justicia universal

Madrid, 4 feb.- Los grupos de la oposición en el Congreso han criticado la "urgencia" del PP para aprobar "por la puerta de atrás" su proposición de ley para limitar las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, la llamada justicia universal.

El texto del PP se debatirá en el pleno del Congreso el próximo martes, menos de un mes después de que fuera registrado en la Cámara baja.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha calificado de "lamentable" que el PP pretenda acabar con la justicia universal "por la puerta de atrás" y sin someter la norma al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Todos los grupos se han mostrado escandalizados", ha asegurado Rodríguez, que ha criticado la tramitación de "urgencia" de una norma que causa tanto rechazo entre el resto de las fuerzas políticas.

Desde la Izquierda Plural, el diputado de CHA, Chesús Yuste, ha asegurado que el PP ha entrado como un "elefante en una cristalería", abordando una reforma de este calado sin pedir opinión al Consejo de Estado y al CGPJ, para evitar "voces críticas" de los órganos consultivos.

Chuste ha mostrado su preocupación por el retroceso y la "involución gravísima" que puede suponer esta reforma también en la persecución de delitos comunes como el tráfico de drogas o la violencia de género.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha criticado duramente el intento del PP de "dinamitar" el principio de justicia universal de la que la sociedad estaba "muy orgullosa".

"Convierte al Estado español en cómplice de genocidas. Entre Couso y un criminal de guerra, el Estado español opta por un criminal del guerra", ha lamentado.

Para Tardá, el Gobierno reniega de los derechos democráticos para ponerse del lado de los genocidas o de los intereses económicos, por lo que ha expresado su "indignación y su vergüenza".

No está en absoluto de acuerdo el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que ha afirmado que su proposición solo trata de adecuar las normas de la jurisdicción española a la vigente en los países de nuestro entorno, evitando además "conflictos diplomáticos" como los que se vienen sucediendo.

En este sentido, Alonso ha reconocido que es una reforma "muy querida" por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero ha insistido en que no va "en contra" de los principios de la ONU, cuyo "principio general" es que un Estado no debe inmiscuirse en la jurisdicción de otro Estado.