Zaragoza, 29 jul.- Los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, han promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Lenguas de la comunidad aragonesa, que se presentará al Tribunal Constitucional (TC) a mediados de agosto y al que ya han mostrado su apoyo formaciones catalanas y el PNV.
El recurso ante el TC cuenta ya con 61 firmas, once más de las necesarias, de las que 50 pertenecen a los diputados aragoneses en el Congreso y a representantes del PSOE en todas las comunidades autónomas y las 11 restantes a la Izquierda Plural, en la que se integran CHA e IU.
Ya han mostrado su apoyo al mismo, y en los próximos días sumarán su voto de manera testimonial, uno por partido, Convergencia Democrática y Unión Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana, el PNV y, probablemente, lo hará el BNG, ha informado hoy en rueda de prensa Chesús Yuste, diputado en el Congreso por la Izquierda de Aragón,
La ley denominada de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, aprobada el pasado mes de mayo por el gobierno PP-PAR, según Yuste "no es sólo un disparate sino que se ha convertido en el hazmerreir dentro y fuera de la comunidad" al no llamar por su nombre al aragonés y al catalán.
Esas lenguas, ha señalado, han pasado a denominarse por sus acrónimos, es decir, "lapao" al catalán y "lapapyp" al aragonés, y ha subrayado que "más allá del disparate científico y vergüenza que supone", recorta los derechos de los aragoneses que hablan aragonés o catalán.
Se trata de un recurso aragonés, al ser promovido por diputados de esta comunidad y en cuya elaboración participa un equipo de la Universidad de Zaragoza, formado por profesores de derecho administrativo y constitucional.
El recurso se apoya en textos jurídicos y, obviamente, en la Constitución, que los recurrentes consideran que se ha vulnerado, además de en el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007, "que forma parte del bloque de la constitucionalidad", y de textos internacionales de Naciones Unidas, de la Unesco y, sobre todo, del Consejo de Europa.
Aseguran que se ha producido una "regresión" en la que se ha conculcado el principio de irreversibilidad de un derecho lingüístico de mínimos, y que supone una "estocada definitiva" a los hablantes de esos territorios y una "discriminación real" a las lenguas minoritarias, que se han convertido en "minorizadas".
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