La OSCE tiende la mano a la "primavera árabe"

Luis Lidón

Vilna, 6 dic.- La OSCE ofreció hoy su experiencia a los países del norte de África, como Túnez, Egipto y Libia, que, debido a las revueltas populares de la "primavera árabe", se encuentran en plena transición democrática.

Los 56 ministros y responsables de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) mantuvieron en Vilna un almuerzo de trabajo con los países del norte de África y Oriente Medio asociados al grupo en el que participaron representantes de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos y Túnez, además de Libia, que fue invitada al encuentro.

En esa cita, el secretario de Estado español en funciones para la Unión Europea, Diego López Garrido, defendió la "cooperación activa" y el "compromiso" de la OSCE en "los procesos democratizadores" surgidos de la "primavera árabe", según explicó a Efe.

La mayoría de los miembros de la OSCE, que celebra en Vilna su cumbre ministerial, está de acuerdo en ofrecer dicha cooperación a los países que lo requieran, una asistencia limitada porque la institución no podrá abrir una misión permanente en esos estados, dijo a Efe una fuente de esta organización.

En cualquier caso, habrá que esperar a mañana, cuando se clausura la reunión ministerial, para conocer qué decisiones se adoptan.

El pasado octubre, la OSCE envió por primera vez un grupo de observadores a Túnez para supervisar sus primeras elecciones libres en 24 años.

"La OSCE ha acumulado una amplia experiencia en el apoyo al desarrollo de la democracia en sus propios estados participantes", resumió hoy el secretario general de la organización, Lamberto Zannier.

Zarnier indicó que "algunas de las áreas en las que se han desarrollado conocimientos, como elecciones, libertad de prensa, (crear) una policía democrática y buena gobernanza, podrían ser especialmente relevantes para los procesos de transición en el sur del Mediterráneo".

Precisamente uno de los aspectos que favoreció la expansión de la "primavera árabe" fue la proliferación de las redes sociales por internet, y EEUU y España tratan de que la OSCE apruebe una declaración sobre libertades fundamentales en la era digital.

"Las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica, asociación y libertad de credo se aplican tanto a una conversación en Twitter o a una reunión organizada por una ONG en Facebook como a una reunión en una plaza pública", defendió hoy la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton.

"Los derechos ejercidos en el espacio cibernético se merecen tanta protección como los que se ejercen en el espacio real", subrayó sobre la iniciativa, respaldada por una treintena de países.

La declaración busca también reafirmar la seguridad física y la libertad de los periodistas, cuya situación es especialmente delicada incluso en algunos Estados de la OSCE, como Bielorrusia.

"La libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas es la base de la democracia", declaró a Efe López Garrido.

Sin embargo, la oposición de Bielorrusia y Rusia imposibilitará que salga adelante el documento, ya que la OSCE funciona por consenso y la negativa de un solo miembro actúa como veto.

La primera jornada de la reunión ministerial estuvo también marcada por la critica de Hillary Clinton a las elecciones parlamentarias rusas del pasado domingo, de las que dijo que no fueron "ni libres ni justas" y en las que ganó el partido oficialista Rusia Unida (RU), encabezado por Vladímir Putin.

"Los votantes rusos merecen una investigación exhaustiva del fraude y la manipulación electoral", resaltó Clinton.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no respondió a las críticas estadounidenses en su discurso ante el plenario, pero cargó, sin dar nombres, contra lo que consideró un "doble rasero" y la deliberada malinterpretación de las resoluciones de las Naciones Unidas para "fines ilícitos".

Lavrov no ofreció más detalles, pero sus palabras parecían dirigirse a la operación de la OTAN en Libia, que favoreció la caída del régimen de Muamar el Gadafi y que estaba amparada por una resolución de la ONU destinada a proteger a la población civil.