La reforma judicial china incluirá el sistema de respuesta a peticionarios

Pekín, 28 nov.- China divulgó hoy varias claves de su reforma judicial, que incluirá el sistema de respuesta a las denuncias ciudadanas en el país y los procedimientos para combatir la corrupción entre los funcionarios.

En una rueda de prensa, el Buró de Cartas y Llamadas chino, encargado de tramitar y responder a las denuncias ciudadanas sobre injusticias, indicó que se animará a que los casos se resuelvan localmente y a tiempo.

El Buró es, desde hace décadas, el encargado de recibir las quejas de peticionarios, ciudadanos que reclaman ante el Gobierno una solución a todo tipo de problemas que no les han sido resueltos o que consideran que no se ha hecho de modo eficiente, y que funciona en todas las regiones y provincias chinas.

Este Buró establece una serie de pasos para que el ciudadano presente sus quejas en persona, por teléfono o por carta, en cada una de las localidades, si bien numerosos peticionarios al final se trasladan a Pekín, la capital, para presentar sus denuncias ante la inexistente o escasa respuesta de las autoridades locales.

Éste es uno de los problemas que el Buró pretende atajar con la reforma, según explicó Liu Gao, quien precisó que el objetivo es "resolver las cosas a tiempo y en el mismo lugar".

"Que haya gente que se salte los pasos una vez tras otra (en referencia a los peticionarios que viajan a Pekín) se debe principalmente a una falta de resolución a tiempo y en sus localidades", explicó el subdirector.

Este problema también deriva en muchas ocasiones en amenazas o agresiones por parte de las autoridades locales para evitar que los ciudadanos se desplacen a la capital con sus quejas, e incluso en detenciones ilegales en las llamadas "cárceles negras", centros de encarcelamiento extrajudicial, o en campos de reeducación.

Según cifras del Buró, en los primeros diez meses de este año se registraron más de 6 millones de peticionarios en todo el país, si bien la cifra excluye a quienes no siguen "el procedimiento normal" y en vez de tramitar primero sus casos en sus lugares de residencia se trasladan directamente a Pekín.

El Partido Comunista Chino anunció a mediados de este mes un conjunto de importantes reformas económicas y sociales para cambiar el modelo de crecimiento del país, y que incluyen modificaciones en el sistema judicial.

En este sentido, el Partido ha divulgado un plan de cinco años, que recogen hoy varios medios chinos, para reformar los procedimientos contra la corrupción de los funcionarios, incluido el sistema conocido como "shuanggui" (doble regulación).

Por este sistema, los funcionarios sospechosos de corrupción quedan en manos de agentes de la Comisión de Investigación de la Disciplina, el brazo supervisor del Partido, que los interrogan, en ocasiones durante meses y en secreto, antes de entregarlos a la Policía y la Justicia.

El plan también prevé mejorar el sistema de recolección de datos sobre corrupción y de protección de los denunciantes.

Los funcionarios, según el plan, también tendrán que comunicar al Partido sus datos personales, incluidos los activos que poseen.