Las medidas contra la corrupción, en el centro del nuevo curso parlamentario

Madrid, 13 sep.- El Congreso ha retomado esta semana sus actividades ordinarias tras las vacaciones estivales y ha arrancado un nuevo curso político en el que los grupos parlamentarios tendrán que negociar las medidas contra la corrupción anunciadas por el Gobierno, así como las propuestas de la oposición.

De momento, y mientras la ley de Transparencia -aprobada ayer por el Congreso y remitida al Senado- sigue su trámite parlamentario, el Ejecutivo tiene previsto elevar este mes al Consejo de Ministros un informe sobre las medidas de "regeneración democrática", que quiere que sea el punto de partida del diálogo con el resto de los grupos.

Esta misma semana, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, principal impulsora de la ley de Transparencia, invitaba a cerrar entre todos un pacto contra la corrupción y anunciaba que trabajará sin descanso para que en el trámite en el Senado pudieran incorporarse al consenso más grupos, en especial el PSOE.

Una ley especialmente avanzada en el ámbito europeo que obligará a someterse al control de los ciudadanos no sólo a las administraciones públicas, sino también a la Corona, los órganos constitucionales como el Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional y el Banco de España.

El punto de partida de ese pacto contra la corrupción con el resto de fuerzas políticas será el paquete de reformas legales, que ya fueron anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien avanzó una modificación del Código Penal para endurecer las penas por corrupción y crear un nuevo delito de financiación ilegal de partidos.

Este "Plan de Regeneración Democrática", en el que ha estado trabajando desde marzo una comisión de expertos coordinada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortés, José Luis Ayllón, incluye un Estatuto del Cargo Público, que conllevaría el control de las declaraciones y el patrimonio de los políticos.

El pasado día 2 tuvo lugar la última reunión del grupo de trabajo que ha elaborado el informe, que ha contado con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y representantes de cinco ministerios -Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía e Interior-.

Tras el encuentro, el Ejecutivo informó de que entre las medidas que recoge el plan está la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que también dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor, y una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas.

Un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluiría un control de sus declaraciones y de su patrimonio.

Se contempla también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y otra de la Ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

A estas propuestas del Gobierno se suman también las del PSOE, que ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso con el mismo fin de avanzar en la lucha contra la corrupción.

Plantean también una reforma del Código Penal, con la creación del delito específico de financiación ilegal y el de enriquecimiento injustificado de cargos públicos, y otra de la ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción.

El PSOE quiere además que se incluya un nuevo tipo penal para los representantes legales y administradores de partidos políticos que manipulen o falseen sus cuentas.

Igualmente, proponen la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos judiciales y una modificación de la de Financiación de Partidos que impida las donaciones de sociedades o personas jurídicas a las formaciones políticas, así como la de personas físicas que realicen trabajos para las administraciones públicas.

Otra de las reformas que plantean los socialistas es la de la ley del Tribunal de Cuentas para reducir los plazos que tiene esta institución para remitir a las Cortes sus informes de fiscalización.

El pasado día 2, el grupo parlamentario socialista dirigió también un escrito a la Mesa del Congreso, con la propuesta de creación de una subcomisión parlamentaria para analizar las medidas necesarias para erradicar la corrupción y buscar el consenso lo más amplio posible, al igual que se hizo con la ley de Transparencia.