Otra polémica en el Gobierno central después de dar luz verde al control de las 'fake news'. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este viernes que el Gobierno no pretende limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación con su plan contra la desinformación, sino "limitar" que se puedan vehicular "falsedades" a través de los medios.
"Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia. De eso se trata", ha sostenido la ministra en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press.
La titular de Exteriores ha explicado que eso es lo que persigue el Ejecutivo con la orden que publicó este jueves, y que sigue las directrices marcadas por dos comunicaciones que la Unión Europea lanzó en 2018. "Recomiendo su lectura. Creo que es útil entender qué estamos intentando arreglar", ha señalado.
En esta línea, Laya ha insistido en que deben "tratar de preservar la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, que es una obligación pública". "Cuando en Europa desde instituciones públicas se insta a un pacto con Facebook, Amazon o Google a hacer un pacto por una información veraz se hace desde las instituciones. También las instituciones públicas, los gobiernos, tienen esa obligación de garantizar un debate público plural y diverso", ha argumentado.
La orden, publicada en el BOE
La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.
Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión". Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
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