Madrid, 8 abr.- El Proyecto de Ley que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y crea el Consejo Agrario ha salvado hoy su trámite en el Congreso, gracias al respaldo de la mayoría del PP, y pasará ahora al Senado.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con competencia legislativa plena y sin necesidad de pasar por el pleno, este proyecto al que se han presentado cerca de 300 enmiendas, cuatro de ellas transaccionadas con la oposición.
El PP ha rechazado la mayoría de las enmiendas de los grupos políticos, en una larga votación por separado de las mismas.
El proyecto de ley, en su conjunto, ha salido adelante con 23 votos favorables, 16 negativos y 4 abstenciones, y pasará ahora al Senado -sólo volverá al Congreso si éste lo modifica-; un texto que recoge la celebración de una consulta estatal en el campo que, previsiblemente, se realice en 2015.
"Se trata de una ley que a nivel europeo marcará un antes y un después", ha afirmado por el PP Bibiano Fernández, quien ha recordado que aboga por un modelo más transparente y democrático, y quiere acabar con la actual representatividad "de tipo especulativo", en la que cada organización agraria "se la asigna a sí misma".
De las 17 comunidades autónomas, sólo 9 han celebrado elecciones al campo una vez -y en alguna de ellas no se han efectuado desde hace más de 16 años-, lo que se traduce en que en "en el 34 % de las regiones, nunca se han celebrado" comicios, ha indicado.
El portavoz del PSOE en la Comisión, Alejandro Alonso, ha solicitado garantías democráticas en el proceso -muchas de las 40 enmiendas de su grupo estaban enfocadas a exigir estas garantías- y ha criticado que el Gobierno cambiará una ley anterior que contó con el consenso de las tres organizaciones agrarias estatales mayoritarias.
Las enmiendas de UPyD iban orientadas a que se haga un proceso electoral y no sólo una consulta, entre otras, y desde Izquierda Plural, José Luis Centella ha expresado su "rechazo radical" a un "mal método" para medir la representatividad agraria.
Marc Solsona, de CiU, ha apuntado que su partido ha presentando unas 50 enmiendas, de las que más de 30 se refieren a las garantías democráticas del proceso, y ha valorado que una transaccional haya rebajado de 1.400 a 500 los electores máximos por mesa.
Olaia Fernández Davila, de BNG, ha alertado de que este proceso supondría la exclusión de organizaciones que no son de ámbito estatal o que no puedan concurrir en coalición y Joseba Aguirretxea (PNV) ha opinado que el Gobierno opta por "un sistema centralizado y uniforme".
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