Los partidos que conforman la coalición de Gobierno han dado los primeros pasos para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como ley mordaza, después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan llegado a cuerdos relativos a la celebración de manifestaciones sin solicitar autorización previa y a la realización de imágenes de policías, según han informado fuentes del partido morado.
La intención de llevar a tramitación parlamentaria la reforma, derogación en palabras de UP, de esta ley lleva paralizada desde septiembre de 2020, momento en el que la mayoría de los grupos parlamentarios apoyó una proposición de ley proveniente del PNV, la misma ya en trámite cuando se convocaron las elecciones en el año 2019. A partir de entonces se han sucedido los plazos de enmiendas hasta el momento presente.
Desde ambos partidos del Gobierno se pretende que esos plazos no se extiendan más en el tiempo y negocian los cambios en la ley, aunque desde Unidas Podemos se resalta que todavía "quedan importantes puntos que discutir". Por el momento, ambos partidos han llegado a un consenso sobre dos de los artículos considerados claves.
Uno de los puntos acordados, ya previsto desde el año 2019, permitirá eliminar la prohibición para tomar y difundir imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad ejerciendo su trabajo en manifestaciones u en otras operaciones policiales aunque no se posea autorización. El propio Tribunal Constitucional ya anuló dicha norma en una sentencia recientemente. Desde fuentes de Podemos se indica que no se podrá sancionar a los responsables de las fotografías cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o de sus familias.
Por otro lado, se garantiza la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de reunión, "sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica". Con ello, también se eliminarían las sanciones que recaen sobre las manifestaciones que tienen lugar sin una solicitud previa de autorización.
La negociación sobre estos asuntos corre a cargo de Enrique Santiago por parte de Unidas Podemos, mientras que desde la bancada socialista no se conoce quién está involucrado en los acuerdos, pues han declinado hacer comentarios al respecto mientras las negociaciones sigan abiertas. El partido morado todavía aspira a conseguir más cesiones del PSOE en materias como suprimir las devoluciones 'en caliente' de inmigrantes. Ambas fuerzas acordaron darse una semana para intentar negociar las enmiendas que, según anunció el portavoz del Grupo Confederal, Pablo Echenique, deberían permitir derogar esta legislatura la Ley de Seguridad Ciudadana.
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