El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mueve ficha en la causa del procés. El instructor de este procedimiento ha planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance que pudiera tener la emisión de una orden de detención para el expresidente catalán Carles Puigdemont así como las razones de su rechazo. El movimiento del magistrado se produce tras conocer que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad al político independentista en un gesto que allana el camino para reactivar el proceso de extradición tanto para él como para Lluis Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En función de la respuesta que dé el Tribunal de Justicia de la UE, el magistrado de Sala de lo Penal puede mantener, retirar o emitir nuevas euroórdenes para todos ellos, contra los que se sigue el procedimiento por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia. El auto de Llarena se produce a tenor de la denegación de la entrega a España del exconsejero catalán Lluis Puig. En agosto de 2020 un juzgado de Primera Instancia de Bruselas denegó su entrega en una resolución que luego confirmó la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas. El motivo de este rechazo se encuentra en que entendieron que el órgano competente para juzgarle por todos los hechos relacionados con la deriva independentista no era el Tribunal Supremo sino un tribunal catalán. También alegaron que su entrega haría peligrar sus derechos fundamentales.
Por ese motivo y antes de decidir si reactiva la euroorden contra todos ellos, lanza siete preguntas al Tribunal de Justicia de la UE en aras a evitar un nuevo revés judicial de Bélgica por la entrega de los líderes independentistas. Una de las principales dudas que le surgen a Llarena es la relativa a a si los jueces belgas -que en anteriores ocasiones han denegado la entrega de Puigdemont- tienen la facultad de controlar la competencia del Tribunal Supremo. Al respecto dice que la legislación de la UE no reconoce esta facultad de control, descartando por tanto el argumentario del juzgado belga que la entrega de Puig alegando falta de competencia del alto tribunal.
"El órgano de ejecución no puede aplicar ni interpretar el Derecho interno español, además de que tampoco lo ha hecho adecuadamente y que ha obtenido sus conclusiones sobre la competencia (o, mejor dicho, sobre la ausencia de la misma) interpretando y poniendo el énfasis en otros elementos distintos" recalca Llarena. Por ese motivo planta que es el estado que emite la euroorden -en este caso España- el que debe tener el control de esa competencia. En lo que respecta a la potestad del Supremo para investigar y enjuiciar la deriva soberanista explica el magistrado que la Justicia belga, en lo que a la resolución de Puig se refiere, ha mostrado un "profundo desconocimiento" de la estructura jurisdiccional.
El instructor explica que en España este debate ha estado presente desde el mismo arranque, en octubre de 2o17, de la investigación procedente de la Audiencia Nacional hasta el momento. El debate incluso llegó al Tribunal Constitucional, el cual validó la competencia del Supremo, motivo por el cual vuelve a apelar al principio de confianza entre Estados miembro para conocer el dictamen de Europa antes de mover ficha en lo que respecta a las órdenes de detención de Puigdemont. En lo relativo al riesgo de violación de derechos fundamentales de los que alertaron los jueces belgas, Llarena responde cuestionando los informes en los que se ampararon y preguntando si el TJUE puede denegar la entrega en base a estas advertencias.
El movimiento de Llarena se conoce a la par que el fin de inmunidad de todos ellos por parte del Parlamento Europeo. Aunque esto no quiere que Puigdemont, Comín y Ponsatí pierdan su condición de eurodiputados ni tampoco que sean extraditados automáticamente, sí abre la puerta a que el magistrado que instruyó toda la causa del procés reinicie las órdenes europeas de detención o bien acuerde unas nuevas después de que éstas quedaran paralizadas a principios del 2020 después de que estos líderes independentistas asumieran su escaño como eurodiputados.
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