Los anuncios sobre el aborto y la reforma educativa marcan la agenda social

Madrid, 27 mar.- Los anuncios de modificación de la ley del aborto y una profunda reforma educativa, que afectará a todos los niveles del sistema educativo, han marcado la agenda social del Gobierno durante los primeros cien días.

Además de la anunciada reforma del aborto, el Gobierno ha reabierto el debate sobre la dispensación de la píldora anticonceptiva del día después al encargar varios informes, cuyas conclusiones no han coincidido, sobre su consumo y sobre las repercusiones que tiene sobre la salud de las mujeres.

El programa electoral del PP recogía la modificación legislativa de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pero poco adelantaba sobre el sentido de la misma.

Fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el primero que ofreció detalles al anunciar en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso la reforma de la ley para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad.

Explicó además que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional, si bien no aclaró si implicaba la vuelta a una ley de supuestos.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige la autorización de los padres, pero sí que sean informados de que sus hijas menores quieren abortar, salvo en el caso de que éstas aleguen violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La reforma incluirá medidas de apoyo a las embarazadas para que puedan optar por decisiones distintas al aborto, ya que, según aseguró Ruiz-Gallardón "en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".

La posibilidad de que la píldora del día después deje de ser dispensada en farmacias sin receta médica la puso sobre la mesa la ministra de Sanidad en su primera comparecencia en el Congreso, el pasado 1 de febrero.

Antes de tomar una decisión, Mato solicitó tres informes médicos (a la Sociedad Española de Ginecología, a la Organización Médica Colegial y a la Agencia Española del Medicamento) pero éstos no son ni concluyentes ni coincidentes.

En el ámbito educativo, el anuncio de reformas y alguna polémica relacionada con las oposiciones de profesorado han caracterizado los cien primeros días del ministro José Ignacio Wert al frente de Educación.

Un bachillerato y una formación profesional de grado medio de tres años, el primero de ellos dentro de la educación obligatoria; la sustitución de Educación para la Ciudadanía por una formación cívica y constitucional que esté "libre" de adoctrinamiento; o una "carta de derechos básicos educativos" son algunas de las propuestas.

La FP se basara en el modelo "dual alemán", para aprender trabajando en las empresas.

Además, todos los alumnos de la enseñanza obligatoria se someterán a evaluación externa y se reconocerá al profesorado como autoridad en el ejercicio de la docencia.

La reforma del sistema universitario y la racionalización de su oferta académica se basará en el análisis que haga un consejo de expertos de alto nivel.

Sobre becas, se revisarán los requisitos de rendimiento académico para que sean más exigentes, aunque Wert se ha comprometido a no disminuir los recursos destinados a este capítulo ni tocar los umbrales de renta que dan acceso a ellos.

En este tiempo, el ministerio anuló los nuevos temarios vigentes desde primeros de año (aprobados por el PSOE) para el ingreso y adquisición de especialidades de profesorado de educación pública y restableció los anteriores (de 1993 y 1996) "provisionalmente".

Esto originó el malestar del PSOE, sindicatos, opositores y alguna comunidad autónoma.

También controversia supuso que Wert acusara al PSOE de "ponerse del lado de la protesta violenta" que "infringe la Ley", tras los incidentes de una manifestación estudiantil en Valencia.