Los ERE, un caso de vértigo por sus números e implicaciones

Amanda G. de Aledo

Sevilla, 12 ago.- El caso de los ERE falsos, que a partir del día 21 estudiará una comisión parlamentaria andaluza, alcanza en el juzgado dimensiones de vértigo por sus cifras -22.838 folios de sumario, 200.000 documentos, 60 imputados y siete ex altos cargos acusados- y por cuestionar una década de ayudas de la Junta.

La juez instructora, Mercedes Alaya, mantiene imputadas a 60 personas entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas, abogados, mediadores y siete ex altos cargos de la Junta, uno de los cuales, Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, salió el viernes de la cárcel tras pagar una fianza de 450.000 euros y pasar cuatro meses en prisión preventiva.

Se trata del caso más voluminoso tramitado en Sevilla -el caso Arny de corrupción de menores juzgó a 48 hombres- y ha obligado a designar dos jueces de refuerzo para Alaya, dedicar a una funcionaria en exclusiva y otro a tiempo parcial y a destinar una sala de vistas para albergar los 22.838 folios de sumario, entre los que figuran 200.000 documentos remitidos por el Gobierno andaluz.

La Junta defiende que el sistema de ayudas cuestionado fue un "instrumento legal", al que no pusieron inconveniente los organismos fiscalizadores, aunque "unos pocos hicieron un uso fraudulento" de él, en palabras del consejero de Justicia, Emilio de Llera.

La juez, en cambio, cree que Fernández y los demás altos cargos imputados "idearon y elaboraron" el convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en virtud del cual se concederían directamente las ayudas mediante el sistema de transferencia de financiación en la partida presupuestaria 31L o "fondo de reptiles", lo que según la ley solo podía utilizarse para gestión ordinaria y no para subvenciones excepcionales.

El objetivo, según diversos autos de Alaya, era "eludir ilícitamente los controles que podía ejercer la Intervención" y "favorecer a familiares, amigos y personas del entorno" de "altos cargos de la Junta o del PSOE".

Entre los intrusos imputados figuran la esposa, la cuñada y la suegra del "conseguidor" Juan Lanzas, la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, numerosos vecinos de éste último en El Pedroso (Sevilla) y el exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.

También han sido imputados Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) por el PSOE y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, por las ayudas a sus empresas del corcho, y Rafael Rosendo (PSOE), exalcalde de El Pedroso (Sevilla) e intruso en un ERE.

La Guardia Civil ha indicado en varios informes el "papel fundamental" que desempeñó José Antonio Viera, diputado en el Congreso por el PSOE, en las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió el 70 por ciento de las ayudas, por lo que su posible imputación obligaría a remitir esa parte del sumario al Tribunal Supremo.

Un informe del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, entregado con motivo de su declaración como imputado en julio, aseguró que la Junta ha revisado 325 ayudas sociolaborales y ha detectado, hasta el pasado 12 de junio, 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros, y hasta esa fecha había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L y por un importe de 106 millones.

La juez, en su auto de imputación a Fernández, concretó que durante su etapa como viceconsejero y luego como consejero se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395 millones de euros y 294 ayudas directas a empresas por 82 millones.

Junto a Fernández han sido imputados su viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero -único que sigue encarcelado-, Juan Márquez y Daniel Rivera, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exdelegado de Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés.

El caso de los ERE se ha convertido en una bola de nieve desde que en enero de 2009 dos empresarios del Grupo La Raza de hostelería grabaron y denunciaron la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros que presuntamente les había hecho el entonces gerente de Mercasevilla y su adjunto como condición para ser adjudicatarios de una Escuela de Hostelería.

A partir de esa causa por cohecho, que juzgará en septiembre un jurado popular, el caso se ramificó en otros sumarios para investigar la venta de los terrenos de Mercasevilla, el presunto delito societario en sus cuentas, los ERE del mercado en 2003 y 2007 y, finalmente, los ERE financiados por la Junta y otras ayudas socialaborales desde 2001.